¿SABEN ustedes lo que más me alarma del estado de alarma? Pues la poca alarma que ha causado. No estoy haciendo juegos de palabras, sino mostrando una profunda preocupación. Una estado de alarma es algo muy serio, la suspensión de las garantías constitucionales nada menos. Sin embargo, los españoles llevamos casi dos semanas en él, y nadie parece preocupado. Es más, la mayoría no encuentra objeciones a su prórroga. Se me argüirá que trata de evitarse daños mayores, al estar en peligro los viajes navideños. Déjenme decirles una cosa: un país que necesita un estado de alarma para garantizar los viajes navideños está democráticamente enfermo, pues lo derechos fundamentales no pueden subordinarse a los viajes de Navidad.
Pero si esta actitud del pueblo español ante el estado de alarma es de postración, la del Gobierno es de cínica explotación de la impopularidad de un colectivo privilegiado. Se ha puesto de moda designar la huelga de los controladores como la «bomba atómica laboral». Sin restar gravedad a sus efectos, no es cierto. La inmensa mayoría de los españoles no se vieron afectados por ella y la vivieron por televisión en su casa. Otra cosa sería una huelga general, con la paralización del entero país, cosa que no hubo. La verdadera bomba atómica fue la declaración del estado de alarma, con la consiguiente militarización de un sector. ¿Se imaginan ustedes la que se hubiera armado si un gobierno del PP hubiese militarizado el Metro, los ferrocarriles o la minería en caso de huelga salvaje? Incluso se volverían a asaltar sus sedes. Éste, en cambio, hincha pecho.
Quedando lo más obvio por dilucidar: si la declaración del estado de alarma se ajustó a derecho. Pues al exponer los supuestos de esa alarma en la ley correspondiente, los legisladores pusieron ejemplos muy claros: «terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales o accidentes de gran magnitud», sin referirse para nada a los conflictos laborales, para los que reservaron el estado de emergencia. Resultando meridiano que no tenían en mente garantizar los viajes por avión en vacaciones. Sin embargo, fue la razón esgrimida por el Gobierno, que ahora va más lejos, al invocar la posibilidad de que tal percance se repita para prorrogar dicho estado. Algo que desborda todo marco jurídico de situaciones de excepción, que sólo pueden declararse cuando ocurren. Para prevenirlas, los gobiernos deberán usar tan solo los medios que la ley pone a su alcance, que son muchos. Y si no las evitan, no merecen gobernar.
Naturalmente, estoy hablando de países, gobiernos y ciudadanos en democracia. Pero España no vive hoy en democracia. Vive en estado de alarma, nos guste o no. Y parece que nos gusta, al Gobierno y a los españoles.
