A efectos prácticos, que son los que cuentan, la mayor diferencia entre individuos no reside en la raza, el color, la belleza o incluso la inteligencia, sino en que mientras unos aprovechan las crisis para renovarse, saliendo fortalecidos de ellas, otros se limitan a lamentarse, haciendo su desgracia aún mayor. Una diferencia que puede trasladarse a las naciones, y explica el progreso y retroceso de las mismas.
No me estoy refiriendo a la crisis económica que sufre hoy el planeta, para no meterme en camisas de once varas, sino que apunto al caso específico de la huelga de controladores, que puso patas por alto los aeropuertos españoles y a la que, como estamos viendo, aún falta el rabo por desollar. Pero si esa huelga sirviese para que surgiera la correspondiente legislación sobre las mismas, no habría sido del todo en vano. Me temo, sin embargo, que no sea así, por la sencilla razón de que el presidente ya dijo que no se trataba de una huelga, sino de una «sedición», motivo del «estado de alarma» que declaró. Y los controladores le han secundado, negándose a declarar ante la fiscalía «por hallarse bajo la jurisdicción militar». Con los que tenemos no un problema, sino dos. Algo que podía haberse evitado de haber tenido una ley de huelga como Dios y la Constitución mandan. Pues aunque ésta incluye el derecho a la huelga, no está regulada por ley alguna, razón de que impere en ellas la de la selva.
Lo primero que tendría que hacer el legislador es establecer la diferencia entre las huelgas en el sector privado y en el público. En las primeras, los empleados de una empresa deciden no trabajar para obtener mejores sueldos y condiciones de trabajo. Es una pugna entre ellos y los empresarios, con riesgos para ambos, pero que no afecta al público general, que podrá seguir agenciándose productos y servicios de otras empresas del ramo. Pero en el sector público, la situación es completamente distinta. En primer lugar, no hay alternativa a la labor de esos empleados, sea en la Administración, los transportes, la enseñanza o la sanidad, al gozar de un monopolio estatal. Luego, porque es la entera población quien se ve afectada, quedando como rehén de esos huelguistas. Si a ello se añade que trabajadores y funcionarios públicos suelen tener su empleo y sueldo garantizado —algo que no tienen los demás—, se comprende que en algunos países y ciudades, como Nueva York, tengan prohibida la huelga, con penas de cárcel y multas si la hacen, y sin tener que declararse ninguna emergencia.
Pero a los legisladores españoles, tras declarar constitucional la huelga, les ha faltado valor y sabiduría para regularla. Las consecuencias las hemos venido sufriendo durante años, estallaron el puente de la Constitución y continúan. Así se «arreglan» las cosas en España. Con estados de alarma. Por cierto, ¿se declarará si los sindicatos convocan un paro general en enero? ¿O simplemente se prorrogará el actual?
