A fin de cuentas, ¿qué han hecho los controladores aéreos? Jorobar a unos cientos de miles de españoles, deteriorar la economía nacional y fortalecer en el exterior el estereotipo negativo de España. Nada que el gobierno de Rodríguez no se haya esmerado en practicar sin descanso durante su Sexenio Revolucionario. Guinda podrida para un pastel hediondo, la huelga salvaje de los controladores no ha sido la Catástrofe, sino un episodio menor y tardío —aunque, eso sí, espectacular— de la Catástrofe.
Como corporación privilegiada, la de los controladores aéreos tiende a ver al resto de la humanidad bajo la especie de especie por ella directamente protegida y, en consecuencia, pasiva e inferior. Cree que justifica su estatuto la responsabilidad que asume sobre las vidas de los viajeros, que dependen de ella (y de la corporación, asimismo privilegiada, de los pilotos). No es, por tanto, sorprendente que reaccione ante la merma del privilegio con desmesura e indiferencia ante la suerte ajena. Ortega llamaba a este tipo de actitud particularismo, y advertía cómo se iba difundiendo en la sociedad de su época a partir de las corporaciones tradicionales —Ejército, Iglesia, gremios— que habían entrado en crisis a causa de la nivelación democrática.
El regreso del particularismo a la vida española ha experimentado un fuerte incremento en las dos últimas legislaturas, porque la estrategia de Rodríguez ha consistido precisamente en sustituir la nivelación democrática por la generalización del privilegio, con el pretexto de que toda ampliación de derechos para un grupo determinado responde al interés general, pero lo cierto es que cada cesión a un particularismo resulta lesiva para otro. El tipo de conflicto dominante desde la llegada del PSOE al gobierno es lo que Simmel y Caplow definían como ternario, no lineal, y que se resuelve habitualmente con la fórmula del dos contra uno (o, en términos de Caplow, la «coalición en la tríada»). Así ha sucedido en casi todos los casos desde 2004, empezando por los pactos de la izquierda y los nacionalismos contra el PP, y lo mismo ha pasado a raíz de la huelga de controladores. Para entender la dinámica de estos conflictos ternarios, hay que tener en cuenta un principio estratégico fundamental. En todo caso, el gobierno postulará que su aliado en la coalición representa el interés de la nación, y el adversario, sólo intereses particularistas y por ende antinacionales. El modelo parecía haber fracasado este año en la última huelga general, donde la inhibición empresarial dejó al gobierno y a los sindicatos en una situación de enfrentamiento binario. Rodríguez ha tratado de reconstruirlo aprovechando la huelga de controladores.
El problema es que, por grande que haya sido el número de viajeros afectados por la misma, estos no representaban interés general alguno. Viajar durante el puente no era una exigencia para todos los ciudadanos (la mayoría no pudo o no quiso hacerlo). Actuar como sí unas medidas disciplinarias sobre un gremio que ha delinquido fueran la panacea para los males de la patria resulta, más que ridículo, peligroso. Una cosa es sancionar con arreglo a la ley, y otra, muy distinta, crear un chivo expiatorio.
