«Mi padre murió tirado en un lavabo de Barajas por la huelga de los controladores»
Los abogados de los afectados por el plante pedirán hasta 8 años de prisión a los responsables basándose en una ley preconstitucional de Navegación Aérea de 1964
Entre los más de 600.000 afectados que hubo el pasado puente por el cierre del espacio aéreo motivado por el abandono de sus puestos de trabajo de los controladores hay casos verdaderamente dramáticos. Como el de Miguel San Sebastián, de 57 años, que murió tirado en un lavabo del aeropuerto de Barajas en la noche del viernes víctima de un ataque al corazón. "Regresaba de unas vacaciones y tenía que haber cogido un vuelo a las seis de la tarde para estar en San Sebastián, en su casa, a las siete", recuerda su hija, Alaitz.
Sin embargo, "por culpa de los controladores murió solo, tirado en unos lavabos , sin que nadie de su familia pudiera darle un último abrazo". Alaitz subraya que los controladores "no asesinaron a mi padre, pero si no hubieran hecho lo que hicieron y el destino de mi padre fuera ese, le habría sucedido en casa, rodeado de sus familiares".
Alaitz añade que "no sabemos si el jaleo que se produjo en el aeropuerto pudo afectar a su salud". En cualquier caso, "quiero que mi caso se conozca".
Este caso es uno de los más de 5.000 que han llegado ya al despacho de abogados que representa a los afectados, que ya se ha puesto manos a la obra para exigir responsabilidades penales y civiles a los culpables de este "daño masivo a la sociedad", según uno de los letrados.
Acciones en dos sentidos
Las acciones de este despacho van a ir dirigidas en dos sentidos. Uno, la vía penal , personándose como acusación particular en las acciones emprendidas por la Fiscalía. Otro, la vía contencioso-administrativa, reclamando a AENA una indemnización de 10.000 euros por cada afectado. El bufete explicó que no se puede reclamar directamente contra los controladores por ser un asunto laboral y existir un convenio colectivo de este gremio del que se hace responsable la entidad pública.
El e x fiscal general del Estado Juan Ortíz Úrculo, que llevará la vía penal , afirmó que pedirán la depuración de responsabilidades penales de los controladores. Para ello, se servirán de los artículos 20 y 21 de la ley penal de Navegación Aérea, de 1964. "Aunque es preconstitucional, no es ni inconstitucional ni está derogada por lo que, como otras leyes, está en vigor", subrayó Ortíz Úrculo. Las penas previstas son, según el último Código de 1995, de entre 3 y 8 años de cárcel . Este letrado afirmó que a los controladores no se les puede aplicar el Código Militar porque los hechos se produjeron antes de su militarización. Otro socio del despacho, el ex magistrado del Tribunal Supremo Manuel Iglesias, destacó que el convenio colectivo de los controladores recoge que AENA asume toda la responsabilidad civil de estos trabajadores.
Otro de los socios del citado despacho indicó que la reclamación que se pedirá es de 10.000 euros por afectado y dejó claro que este no ha sido un asunto de unas simples cancelaciones de vuelos, para lo que hay previstas unas indemnizaciones de 600 euros. Ha sido un "default" y "esperamos que AENA y el Estado den una respuesta inmediata".
Luis Vericat, uno de los letrados que desde el primer momento ha estado llevando este conflicto, dijo que "espero que los tribunales estén a la altura de la que es la demanda colectiva más importante del país". Pidió un juzgado que trabaje en exclusiva con este asunto, dada su magnitud.
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