Los controladores recurren ante el Supremo la alarma y su militarización

No están de acuerdo con su consideración de personal militar pero se amparan en ella para justificar su negativa a declarar ante la Fiscalía, como ayer hicieron los primeros controladores aéreos que fueron llamados a declarar en el marco de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Madrid. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) recurrió ayer ante el Tribunal Supremo los dos reales decretos dictados por el Gobierno que entraron en vigor el sábado: el que declara el estado de alarma y el que encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a AENA.

Ambos recursos fueron registrados en el Tribunal Supremo a las nueve de la mañana, una hora antes de que comenzaran a desfilar ante el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, los primeros doce controladores implicados en esta causa, todavía «en fase de investigación». En sus escritos, a los que ha tenido acceso ABC, USCA todavía no entra en el contenido de los decretos, sino que se limita a emplazar al Tribunal a que resuelva primero la legitimación del sindicato para proceder contra las decisiones adoptadas por el Gobierno, y que han limitado, adelantan, «el ejercicio al derecho de la libertad sindical». Y es que en estos momentos el sindicato de controladores aéreos no puede operar como tal y los miembros de su Junta Directiva, tienen, como el resto de trabajadores, la consideración de personal militar.

Por este motivo, en sus dos escritos (uno por cada recurso) el sindicato deja claro que USCA adoptó la decisión de recurrir ambos decretos en la madrugada del viernes al sábado, cuando «las autoridades del Ministerio de Fomento indicaron a los miembros de la Junta Directiva del sindicato demandante la inminencia de la declaración del traspaso al Ministerio de Defensa del ejercicio de la dirección de control de la seguridad aérea general y del estado de alarma (...)». Fue entonces cuando la Junta, reunidad de urgencia, explica el sindicato, «adoptó el acuerdo de interponer el correspondiente recurso dando instrucciones precisas a la dirección letrada que suscribe el presente escrito» para formalizarlo.

En este momento, precisamente «por la limitación que impone el real decreto que declara el estado de alarma, y dada la movilización de todos los controladores de tránsito aéreo, entre los que se encuentran los tres miembros de la Junta Directiva, movilización que impide toda actuación de tipo sindical por encontrarse bajo la consideración de personal militar, no resulta posible para los indicados miembros de la Junta Directiva la expedición de la certificación acreditativa de haber adoptado el acuerdo de interposición del presente recurso». Por ello, el sindicato pide al Tribunal Supremo que sea él el que requiera a los miembros de la Junta Directiva de USCA para que presente esa certificación, «con expresa autorización a sus componentes para así efectuarlo». Además, solicitan al Alto Tribunal que comunique tal resolución a la «autoridad militar, al mando dependiente del Ministerio de Defensa, a fin de eximir de responsabilidad alguna a los referidos miembros de la Junta Directiva por dicha actuación».

Precisamente los controladores citados a declarar ayer por la Fiscalía (todos fueron con abogado) alegaron su consideración de personal militar para justificar su negativa a responder al representante del Ministerio Público. Y ello pese a que Eduardo Esteban les explicó que los hechos objeto de investigación, el abandono de sus puestos de trabajo, eran anteriores a su «militarización».