No habrá juzgado popular para María José Campanario

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado que sea un tribunal profesional de la Audiencia Provincial de Cádiz y no un jurado popular quien juzgue a los acusados en la llamada "Operación Karlos", entre ellos la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario.

Así lo ha acordado el Supremo en una sentencia, en la que estima los recursos interpuestos por los acusados en esta operación -una trama de fraude a la Seguridad Social descubierta en Cádiz en octubre de 2006- contra la decisión de la Audiencia de Cádiz de que fuera un jurado.

Así, el Supremo anula el auto de la Audiencia Provincial que en diciembre de 2009 acordó que este procedimiento continuara por los trámites previstos en la Ley del Tribunal del Jurado. El Alto Tribunal concluye que se está ante la imputación de un delito (el continuado de estafa) que no es competencia del Tribunal del Jurado, "cometido en conexión con otros que los habrían sido con el único fin (instrumental por tanto) de facilitar la ejecución de aquél".

"Dándose la circunstancia de que, por la propia naturaleza de las conductas, resulta imposible su tratamiento por separado en el juicio oral", añade la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.

Según la resolución, la hipótesis acusatoria es que con el fin de obtener un ilícito beneficio económico a costa de la Seguridad Social, que sería constitutivo de un delito de estafa, distintas personas "habrían realizado otras conductas asimismo incriminables posiblemente constitutivas de distintos delitos (falsedad en documento oficial, actividades prohibidas a funcionario y cohecho)".

Los recurrentes, además de Campanario, son Carlos Carretero, José Luis López Fernández, María Rocío Morales, Remedios Torres, Juan José Vázquez y Francisco Casto. Las investigaciones se iniciaron en octubre de 2005, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carretero -ex jefe de la Policía Local de Ubrique- podría encontrarse implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales.

La investigación se saldó con la detención de 28 personas, entre ellas María José Campanario, como presuntas autoras de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, y con la imputación de otras diez.