La factura de la crisis
Empresas que no cobran hace meses, servicios que desaparecen, subvenciones que se volatilizan... los madrileños sufren en carne propia la crisis de las finanzas municipales
Servicios que se dejan de prestar, proveedores que no cobran desde hace un año, subvenciones que desaparecen, gastos reducidos a la mínima expresión... la situación económica del Ayuntamiento de Madrid, como la de muchos otros municipios, hace aguas. Por el despacho del concejal de Hacienda, Juan Bravo, pasan cada semana entre diez y quince empresarios advirtiéndole que a partir de diciembre, si no cobran, no tienen medio de pagar a sus empleados. Es la factura de la crisis.
Los primeros que lo notan son los ciudadanos: a menos dinero, menos servicios. Desde que en mayo se redujeron un 15% los contratos con las empresas concesionarias, éstas han tenido que ajustarse a los nuevos presupuestos. Aunque la política ha sido la de conseguir el máximo ahorro con el mínimo coste social, los recortes se notan. Ya no hay recogida de muebles viejos; la campaña de recogida de hoja se suprime; tampoco habrá retirada de residuos en las zonas comerciales durante la Navidad.
Suma y sigue: la recogida de envases se realiza ahora tres días por semana —antes era diaria—. Hay menos plantaciones en los jardines; las fuentes iluminadas se encienden más tarde y se apagan antes para ahorrar. Hay partidas famélicas, como los gastos de representación de los concejales de distrito: salen a poco más de 8 euros al día; «ni para el menú del día en el bar de la esquina», bromean.
Y mientras, los grandes proveedores siguen sin cobrar desde hace más de nueve meses. «El retraso de los pagos es un síntoma, es la fiebre, y la causa es la imposibilidad de refinanciar la deuda». Lo dice el concejal de Hacienda, Juan Bravo, que ha pedido por todos los medios a su alcance permiso para esa refinanciación.
La respuesta de Moncloa
Quiere para Madrid, y para el resto de los ayuntamientos, lo mismo que ya pueden hacer Estado y gobiernos regionales: de hecho, recuerda, la Administración central refinancia este año nada menos que 146.000 millones en deuda; él sólo quiere poder hacer lo mismo con los 257 millones de euros que le toca amortizar este año.
Sus quejas sobre la diferencia de trato para ayuntamientos y resto de administraciones las materializó el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ante el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en una «bronca» seguida en la distancia pero muy atentamente por las cámaras de televisión durante el Desfile de la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre. De la discusión salió un documento, entregado ya en Moncloa, y el compromiso del jefe del Gobierno de estudiarlo. En el Ayuntamiento esperan la respuesta del Ministerio de Economía esta misma semana.
Bravo no ve más que puertas que se cierran: no puede refinanciar la deuda, pero tampoco endeudarse de nuevo —ha superado los límites legales establecidos—, ni dedicar al pago de facturas atrasadas el dinero que ahorra de los salarios de los funcionarios, en aplicación del decreto estatal que recortaba sus sueldos un 5%: «Son 50 millones de euros, pero no estoy autorizado a gastarlo en esto».
Mientras, los ingresos siguen bajando: «Las últimas ventas de suelo las hicimos en 2007; desde entonces, prácticamente nada; las subastas quedan desiertas». Y lo que reciben por transferencias del Estado «va a estar en 2011 en los niveles de 2006».
El problema no es sólo de Madrid: se baraja la cifra oficiosa de un 30 por ciento de ayuntamientos en situación de suspensión de pagos en España; más de 400 ya han dejado de pagar la luz y el teléfono, porque no tienen dinero. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, avanzaba meses atrás que varios municipios madrileños están en quiebra y no pueden afrontar el pago de sus nóminas. Por ejemplo, en Villajoyosa (Alicante) se desveló que sólo había 286.847 euros disponibles en la caja, frente a facturas pendientes de pago por 11,2 millones de euros a 30 de septiembre.
Conscientes de la gravedad de la situación, la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha propuesto, por unanimidad de todos sus miembros —aquí no hay diferencias políticas— una serie de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado: piden permiso para refinanciarse, elevar las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en los ingresos de la Administración central, y habilitar medidas complementarias que permitan a los ayuntamientos afrontar la financiación del gasto corriente. Entre ellos, que el Ejecutivo habilite la línea de crédito ICO contemplada en la reciente ley de medidas contra la morosidad.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete