El centro comercial El Trompo se levantó sobre suelo rústico

La ampliación del dictamen pericial encargado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Orotava sobre el «caso El Trompo» concluye, de forma demoledora, que el centro comercial se construyó en suelo rústico potenialmente productivo y que, además, incrementó la edificabilidad prevista en el Plan General de 2004. El informe, al que ha tenido acceso a este periódico, se elaboró en marzo, y reconoce que los terrenos, ubicados en la zona de Las Arenas, no se convirtieron en Urbano No Consolidado hasta la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) en 2004.

Además, parte de la edificación se realizó en base al plan parcial modificado de Las Arenas de 2000 ocupando viarios y zonas verdes previstas en el Plan Generalde 2000, infracción subsanada a posteriori en el PGO de 2004. Asimismo, y según el informe, el aprovechamiento ubanístico final del complejo supera en 2.137,20 metros cuadrados la superficie computable, al margen de añadir 11.167 metros cuadrados de construcción comercial no permitida. De hecho, el perito sostiene que en la actualidad, el edificio está fuera de ordenación por no cumplir con el ordenamiento vigente.

Por todo ello, la Justicia mantiene imputados por un presunto delito urbanístico al promotor de las obras, Ambrosio Jiménez, al alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, al concejal de Urbanismo durante el mandato 1999-2003 (Juan Jesús Martín) y tres técnicos municipales. La semana pasada, Valencia, que cuenta con la defensa judicial de Eligio Hernández, ya prestó declaración durante unos veinte minutos porque se negó a responder a las preguntas del abogado demandante y de la parte fiscal. «Si fuera por la enjundia del caso, debería haber estado declarando varias horas», comentó ayer ante los medios de comunicación el concejal de IpO (Iniciativa por La Orotava), José Manuel Hernández, denunciante del caso.

El edil aseguró que a su formación no le ha quedado más remedio que acudir a los tribunales debido a que el Ayuntamieto no se ajusta a la legalidad, «un fiel reflejo del urbanismo que se ha desarrollado en La Orotava». En su opinión, el Gobierno local siempre se ha «enrocado» en la defensa de la ilegalidad urbanística y nunca ha querido «reconducir» la zona No en vano, Valencia también está imputado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el desarrollo urbanístico del cercano sector 10 donde Anticorrupción estudia desde hace algunos años la pérdida de más 37.000 metros cuadrados de suelo público en favor de promotor urbanístico que desarrolló el polígono.

Desde IpO, no obstante, se mostraron satisfechos con el trabajo de la Justicia y mostraron su confianza en que el caso quede resuelto antes de que finalice el mandato.