COMO bien le dijo Rafael Gómez Ortega, «El Gallo», a José Ortega y Gasset, después de que el filósofo le explicara al torero la naturaleza de su trabajo, «hay gente pa tó». Entre esa gente están los ciudadanos que, en las últimas legislativas, votaron en Valencia la lista del PSOE (PSVC) porque en ella aparecía el nombre de María Teresa Fernández de la Vega. Cada santo, por mínimos que sean sus méritos, tiene sus devotos y en eso se sustenta el orden democrático; pero, como España es irremisiblemente diferente, quienes quisieron ser representados por De la Vega lo serán, de ahora en adelante, por Margarita Pin.
No deja de ser curioso en nuestro ordenamiento el hecho de que resulte normal el pluriempleo entre la función legislativa de los diputados electos, en cualquiera de los muchos parlamentos con que nos adornamos y nos empobrecemos, con la tarea ejecutiva en la misma circunscripción. Es decir, que la función de control al Gobierno la puedan ejercer los propios miembros del Gobierno. Pero más pasmoso resulta todavía, y más sintomático de la escasez representativa del sistema, que un diputado pueda, por sí y ante sí, abandonar su tarea y renunciar a su compromiso con los electores a la vista de una oportunidad que le resulte más conveniente.
De la Vega ha dejado de ser diputada por Valencia, después de haberlo sido por otras circunscripciones en elecciones precedentes, para poder tomar posesión como miembro permanente del Consejo de Estado. Queda así claro una vez más que, en nuestra poco representativa y escasamente parlamentaria democracia, el diputado no adquiere ningún compromiso con sus electores. Solicita su voto en el supuesto de un programa que no necesariamente es vinculante, no le descalifica el hecho de no cumplirlo y, cuando le peta, agita el pañuelo blanco de las despedidas y cambia de grupo parlamentario, renuncia al escaño o cualquier otra variante de incumplimiento que pueda ocurrírsenos.
Es posible que tan singular, elástico y poco solvente reglamento de juego fuera preciso cuando, en los fragores de la Transición, se trataba de convertir en democráticos instituciones y funcionamientos que no lo eran; pero, pasado el tiempo, esas prácticas no se tienen en pie y, si se pretende el rigor que merece un Estado y el respeto que demanda una Nación, los poderes, y quienes los encarnan, habrán de comportarse con mayor seriedad en sus mudanzas. Si De la Vega, cuando llegue el próximo San José, quisiera ser Fallera Mayor y la aceptara como tal la ciudad del Turia, ¿podría dejar compuesta y sin presidenta la Sección Séptima del Consejo de Estado?