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El Gobierno reabre la guerra del ATC

Industria planteó ayer aprobar en el Consejo de Ministros de hoy la sede de Zarra para el almacén nuclear, pero reculó tras la negativa de Valencia

EFE

A. C./M.C.S.

Nuevo capítulo en el culebrón del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. El fantasma sobre una decisión inminente del Consejo de Ministros sobre su instalación en el municipio de Zarra sobrevoló otra vez durante todo el día de ayer por la Comunidad Valenciana.

Fuentes oficiales del Gobierno central admitieron ayer a este periódico la posibilidad de que en la reunión ministerial de hoy se reactivara el debate, que ya fue abortado en la sesión del pasado 17 de septiembre por la negativa de la Generalitat Valenciana. La entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega anunció que el debate «continuaba». «El Gobierno no ha tomado todavía una decisión», sostuvo entonces.

De la Vega, quien bloqueó la designación para no brindar argumentos políticos a la Generalitat, celebrará hoy un acto en Valencia, provincia por la que concurrió a las pasadas elecciones, a modo de despedida.

El paréntesis proclamado por la ex «número dos» del Ejecutivo pareció cerrarse ayer por momentos. Las organizaciones ecologistas fueron las primeras en dar la voz de alarma. La Plataforma contra la instalación del ATC en Zarra ha fletado autobuses rumbo a Madrid para realizar hoy una protesta frente a La Moncloa. Greenpeace esgrimió un informe técnico que revela «la manipulación política por parte de Industria para situar a Zarra como favorita para el cementerio nuclear».

El documento sostiene que la Comisión Interministerial que determinó la idoneidad de la localidad valenciana «sobrevaloró en más de cien puntos» dicha opción. Además, apuntan directamente a la «voluntad política» de Miguel Sebastián y solicitan la anulación del proceso de selección de candidatos.

El desfase denunciado por las asocaciones ecologistas se centraría en apartados como la distancia de transporte o a los núcleos principales. De acuerdo con los argumentos de Greenpeace, Zarra habría quedado situada en el quinto lugar entre los ocho municipios que optan a albergar el ATC, tesis contraria al informe que maneja el Gobierno y que ya adelantó ABC el pasado 18 de septiembre.

Moción en contra

El rumor sobre la inminencia de una decisión del Ejecutivo se extendió también al ámbito político. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, presidida por el Partido Popular, aprobó por unanimidad de los grupos políticos una moción contra el emplazamiento del cementerio de residuos nucleares en Zarra. Poco después, en las Cortes autonómicas, los diputados socialistas daban por hecha la designación de Zarra. Por la tarde, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, junto con sus homólogos de la oposición, firmaban un escrito dirigido al ministro de Industria en el que le recordaban las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respecto a la futura ubicación del silo nuclear de nueva construcción.

Hoy, el jefe del Ejecutivo no estará presente en la reunión del Consejo de Ministros. Mientras, los detractores del ATC recordaban en el escrito el acuerdo alcanzado por el Parlamento autonómico el pasado 28 de septiembre contra el emplazamiento del ATC en tierras valencianas. Una resolución impulsada por el Partido Popular, mayoritario en la Cámara.

Llamadas a última hora

Pese a ello, fuentes gubernamentales deslizaron ayer la posibilidad de que la Generalitat pudiera dar el visto bueno, lo que propiciaría hoy la decisión del Consejo de Ministros. Con todo, el Ejecutivo trasladó al Gobierno valenciano a última hora que, finalmente, la cuestión no se incluirá en el orden del día de hoy.La posición de la Generalitat de rechazo frontal a la instalación vuelve a condicionar la decisión. Sin embargo, el debate trasciende los argumentos técnicos y toca de lleno el ámbito político.

El Gobierno no va a complicarle la campaña electoral a José Montilla en Cataluña con la controversia nuclear. Una circunstancia que llevaría a descartar al municipio de Ascó, el segundo de acuerdo con los criterios de la Comisión Interministerial. Un emplazamiento que, además, reúne mejores requisitos de acuerdo con el informe divulgado ayer por las organizaciones ecologistas.

Posible negociación

La decisión deja escaso margen a la Generalitat Valenciana, que únicamente en última instancia podría aceptar la instalación del ATC en su territorio a cambio de importantes contrapartidas para la región. Un hecho que explicaría el nuevo bloqueo que sufrió el proceso en la tarde de ayer.

El compromiso de Zapatero de alcanzar un consenso y, en menor medida, la posición de los socialistas valencianos, cuyo líder anunció ayer medidas jurídicas si el Gobierno aprueba la instalación del ATC en Zarra, podrían dejar en suspenso la determinación, decisión condicionada a una negociación de última hora en la mañana de hoy en la que, no obstante, pocos confían.

El pasado 17 de septiembre, el ministro de Industria, Miguel Sebastián trató de comunicarle personalmente al presidente valenciano, Francisco Camps, la decisión del Gobierno central apenas unas horas antes de hacerla pública. Finalmente, la polémica resolución quedó aplazada hasta nueva orden. El tira y afloja continúa.

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