La sostenibilidad del gasto de las comunidades

De acuerdo con las cifras de los PGE para 2011, que la mayor parte de los analistas nacionales y extranjeros coinciden en considerar demasiado optimistas, las CCAA presentarán un déficit en 2011 del 3,3% del PIB, superior al propio déficit del Estado, cifrado en el 2,3% del PIB. Este desequilibrio presupuestario, que se sitúa además en una tendencia creciente y que se traduce en la necesidad de endeudarse más y más para financiarlo, impone un serio problema de sostenibilidad a las finanzas públicas. El Estado, además, se ve incapaz con el actual modelo de articulación con las CCAA de aplicar una política de estabilización económica, ya que carece de los instrumentos necesarios para decidir sobre sus gastos y sus presupuestos.

Las herramientas de que dispone el gobierno central para influir en las finanzas de los gobiernos autonómicos son, en primer lugar, el sistema de transferencias de recursos a las mismas —el modelo de financiación—. En segundo lugar, la tutela sobre sus decisiones de endeudamiento que están sometidas en determinados supuestos a autorización según tipos, plazos y volumen sobre recursos. En tercer lugar, desde 2001, la legislación de estabilidad presupuestaria —flexibilizada en sus últimas reformas— que obliga a las CCAA a mantener un cierto equilibrio presupuestario y a presentar planes de reequilibrio presupuestario si incurren en desviaciones excesivas.

La experiencia hasta la fecha demuestra que los acuerdos y compromisos en materia de déficit de las CCAA con el gobierno central no han servido de mucho y los mecanismos de disciplina por parte del gobierno central han sido también hasta la fecha poco creíbles. Las CCAA han recibido en los últimos años aportaciones extraordinarias a la financiación de la sanidad que se han consolidado en el sistema. Los seis modelos de financiación que han funcionado hasta ahora han supuesto siempre una reducción de los recursos del Estado y un aumento de los correspondientes de las CCAA. El propio diseño del modelo tampoco introduce incentivos para disciplinar el gasto. La reforma de la LOFCA de 2009 ha permitido a las CCAA en 2009 y 2010 endeudarse para la financiación del gasto corriente. Este es el panorama.

Para asegurar las sostenibilidad económica del sistema hace falta; primero, voluntad política por parte del gobierno de España; segundo, una reforma de la LOFCA que de instrumentos al gobierno para fijar con claridad el nivel de gasto y el nivel de endeudamiento y finalmente, que los principios constitucionales de autonomía y coordinación lo admitan.

JULIO GÓMEZ-POMAR ES DIRECTOR DEL CENTRO PRICEWATERHOUSECOOPERS & IE DEL SECTOR PÚBLICO