Sakineh, la horca por compasión

Una inmensa pena recorrió las celdas de la prisión de Tabriz el 9 de julio. Soodaabe Ahmadi, de solo 16 años y condenada a muerte, se quitó la vida». Fue un aldabonazo, que reforzó la atención sobre el destino de Sakineh. En apenas tres meses Occidente ha convertido a la iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani en un símbolo de la lucha contra la lapidación. En la misma prisión en la que esta madre de dos hijos vive los que pueden ser sus últimos días «se encuentran otras 35 mujeres en una situación similar», según los datos del Comité Internacional contra la Lapidación y Ejecución. Esta institución liderada por la política comunista iraní Mina Ahadi, exiliada en Europa desde 1990, fue la que puso en marcha la campaña internacional para salvar la vida de Sakineh, un caso que ha vuelto a poner de manifiesto las severas diferencias entre la clase dirigente de la república islámica. Y un caso que cuenta con mayor proyección en el extranjero que en el interior de Irán.

De 43 años, natural del Azerbayán iraní y antigua trabajadora de una guardería, Sakineh lleva cinco años en esta prisión del oeste de Irán. En mayo de 2006 fue condenada a 99 latigazos por mantener «relaciones ilícitas» con dos hombres tras la muerte de su marido, Ebrahim Aqderzadeh. Cuatro meses más tarde el caso fue reabierto en el transcurso del juicio al presunto asesino de Ebrahim, y Sakineh fue condenada de nuevo, esta vez por «adulterio durante el matrimonio», lo que implica la muerte por lapidación en Irán. Hasta el pasado mes de julio su nombre era uno más de la lista de mujeres iraníes en una situación semejante. La presión internacional, las acusaciones sobre la falta de rigor en la investigación y la falta de pruebas, sin embargo, lograron paralizar la condena y la revisión del caso. Sakineh y su familia han ganado la batalla en los medios internacionales, pero en el día a día la situación no es sencilla. Su foto cuelga de balcones de edificios oficiales en media Europa y se transformó en el rostro de la protesta contra el presidente Mahmoud Ahmadineyad en su reciente viaje a Nueva York para tomar parte en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sakineh se convirtió en la Neda del año 2010 -la joven que falleció a causa de un disparo en las protestas postelectorales de 2009- un símbolo para mantener viva la llama de la oposición al gobierno islámico en las calles y mentes de Occidente. El precio que han pagado los suyos ha sido muy alto. Sajjad, de 22 años, y Fasride, de 17, los hijos de la acusada, ya no pueden verla cada jueves. Las autoridades cortaron las visitas en agosto coincidiendo con unas sombrías apariciones en televisión de Sakineh, en entrevistas en las que reconocía su culpa y que, según su defensa, se realizaron «tras días de tortura». Se expresaba en azerí, su lengua materna, que las cadenas tapaban con el farsi oficial en el que se expresa con dificultad, según sus abogados. Trampas y comparaciones Aparte de la falta de sus hijos, Sakineh tampoco puede contar con la asistencia de su primer letrado, Mohammad Mostafaei –especializado en defender a condenadas a morir lapidadas-, que optó por huir del país y pedir asilo en Noruega. Las autoridades le acusan de abrir «una cuenta para recaudar fondos para ella y utilizarlos en su propio beneficio» y aseguran que su marcha se debe a que «cuando se le preguntó que por qué había aprovechado el tema de la lapidación de la señora Ashtiani en su propio beneficio decidió huir». Su defensa está ahora en manos de un letrado elegido por el Gobierno, Javed Houtan Kiyan, que recibió un caso de adulterio y ahora debe afrontar el de asesinato. Este es el cambio que ha sufrido el caso Sakineh ya que en esta última semana la «adúltera» ha pasado a ser «asesina» a los ojos de la justicia. La revisión del caso ha obligado a cambiar la lapidación inicial por la muerte en la horca y el fiscal general, Gholam-Hosein Mohsení-Ejeí, respalda ahora la versión oficial del Gobierno de Mahmud Ahmadineyad «porque ha sido encontrada culpable de asesinato [de su marido] y esa condena precede a la de adulterio». De esta forma se evita un apedreamiento que había provocado el clamor internacional, aunque ya se practicaba antes del triunfo de la revolución del imán Jomeini en 1979. Con este cambio se consigue también equiparar el caso a otros como el de Teresa Lewis. Estados Unidos ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de la aplicación de la pena de muerte (por detrás de China, Irán, Irak y Arabia Saudí) y en los últimos días las autoridades de Teherán han pedido a la opinión internacional que se otorgue el mismo tratamiento informativo a Sakineh que a Teresa Lewis, muerta por inyección letal la semana pasada, acusada de organizar el asesinato de su marido e hijastro. Fue la primera ejecución de una mujer en Virginia desde hace 98 años, y la número doce desde que el Supremo confirmase la constitucionalidad de la pena de muerte. Aunque, pese a la confirmación del fiscal sobre la ejecución por horca, el caso Sakineh «no ha concluido» y «la sentencia no es firme», según declaró el portavoz de Exteriores, Ramín Mehmanparast, apenas veinticuatro horas después de que el poder judicial respaldara la versión oficial defendida por el Ejecutivo que obligaba a cambiar la lapidación por la soga. La «participación en el asesinato está probada», sostiene Mehmanparast, pero ¿quién tiene la última palabra? Hace falta que los diferentes poderes de la república lleguen a un acuerdo para que se aplique la condena, una tarea nada sencilla después de que la cúpula del régimen quedara dividida tras las polémicas elecciones en las que Ahmadineyad resultó reelegido presidente en 2009.