El Gobierno ya busca otra foto con Méndez y Toxo en Moncloa

La reforma laboral aprobada por las Cortes «se cambia con otra ley», le advirtieron ayer a mediodía Cándido Méndez e Ignacio Fernández-Toxo a José Luis Rodríguez Zapatero. En tono firme le conminaron a que la llamada telefónica que les haga para que vuelvan a la mesa de diálogo social sea el anuncio de «rectificación» de la propia ley, no una petición de colaboración en el desarrollo de la misma. Méndez y Toxo cortaron el intento de aproximación presidencial asegurando, además, que no quieren oír hablar de elevar la edad de jubilación a los 67 años, justo la propuesta «estrella» que remitió el Ejecutivo a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en julio.

Las palabras de los dos líderes sindicales tienen el valor de haber sido dichas después de oír cómo el presidente del Gobierno adelantaba al país, a las 9.00 desde el Congreso, que retomará el diálogo social en materia de pensiones, políticas activas de empleo, y negociación colectiva. Pero, lejos de suponer un jarro de agua fría la reacción sindical en caliente, cuando no habían transcurrido ni doce horas de huelga, el Gobierno no se da por enterado. Fuentes gubernamentales explicaron a ABC que el jefe del Ejecutivo creyó ver en la comparecencia de Toxo y Méndez a mediodía un «cambio de actitud» —no se niegan a sentarse tan tajantemente como en los últimos días—, probablemente también por el pinchazo de la huelga, y va a remitirles un texto con propuestas.

Ese documento incluirá la reforma del INEM, que actualmente solo logra recolocar a un exiguo 3% de los parados, y de las agencias privadas de colocación. Además, llevará la propuesta formal del Gobierno para reformar de la negociación colectiva, un asunto espinoso porque la CEOE reclama modificaciones en derechos laborales históricos, como suprimir la «ultractividad» de un convenio (mantenerlo hasta que se negocia el próximo), cuestión de la que tampoco quieren oír hablar CC.OO y UGT.

Ambas partes disponen de seis meses de plazo aunque el acuerdo se presenta imposible y el Gobierno debería entonces legislar unilateralmente. Un tercer punto de la nueva fase de diálogo social será la aplicación del llamado «contrato austriaco», por el cual cada trabajador arrastra durante su vida laboral un fondo de despido financiado por nuevas cuotas empresariales. CEOE no pone pegas porque 8 días/año de indemnización los abonaría el Estado, tanto en las indemnizaciones de 20 días/año como en las indemnizaciones de 45 días/año.

Lo que ansía el Ejecutivo es pasar página cuanto antes de la jornada de paro y hablar de esos puntos. La muestra más palpable fue la última comparecencia informativa sobre el seguimiento de la huelga, que protagonizó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. quien ha anunciado su marcha a Cataluña para formar parte de las listas del PSC en las elecciones.

«A partir de mañana»

Corbacho no ofreció ningún dato global de participación en la protesta, precisamente para no abonar la tesis de fracaso sindical. Dijo varias veces que el Gobierno se plantea retornar el diálogo «a partir de mañana». «Tenemos la convicción de que mañana habrá mucho trabajo que hacer y el diálogo será el mejor camino». El todavía ministro de Trabajo se cuidó muy mucho de entrar en valoraciones y se limitó a ofrecer datos sectoriales amparado en que una huelga que sigue casi el cien por cien del sector del automóvil frente al 3% de la hostelería, es muy «desigual» como para dar participación global. Lo más allá que se permitió ir fue calificar de «moderado» el efecto de un paro que sólo siguió el 10% del comercio; 3% hostelería; o el 7,52% del funcionariado de la Administración central.