Bruselas aprobará las ayudas al carbón, pero exigirá su fin en 2014

La Comisión Europea tiene previsto aprobar en su reunión de hoy el plan español de ayuda al sector del carbón con la condición de que éste no se prorrogue más allá de 2014. Este plan supone que las centrales térmicas españolas que consumen carbón nacional recibirán una serie de ayudas públicas como es la compra de la electricidad que producen a un precio fijo. El argumento que ha defendido en Bruselas el Gobierno español durante meses, hasta conseguir la prevista aprobación de su plan de ayuda, es que esta subvención garantiza el suministro al conjunto del país, una de las excepciones para que la Comisión Europea otorgue su visto bueno a las ayudas de Estado, en principio prohibidas por la normativa europea al distorsionar el mercado interior.

Finalmente la decisión que tomará hoy Bruselas será autorizar el mantenimiento de las ayudas pero, en la línea de lo sucedido con este mismo sector en Alemania, condicionada a su finalización, en este caso 2014, cuando su fecha prevista de finalización era diciembre de este año. En esta línea, y para asegurarse de que la decisión de Bruselas estaba «atada», el ministro de Industria, Miguel Sebastián, hizo ayer un viaje relámpago a la capital comunitaria para entrevistarse con el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, y con el titular de Industria, Gunther Oettinger.

Esperanza e incertidumbre

Mientras, las regiones mineras aguardan la resolución de Bruselas entre la esperanza e incertidumbre. La norma sobre la que decide hoy la UE se esconde detrás de un nombre tan complicado como «Real Decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro». En la práctica, establece obligaciones para que las eléctricas consuman carbón nacional a cambio de compensaciones económicas: un precio fijo y la garantía de que la electricidad generada en las térmicas sea colocada en el mercado. El texto fue aprobado hace siete meses. Ahora, se espera el visto bueno europeo para su aplicación.

Este instrumento supondrá, después de más de un año de total inactividad, el encendido progresivo de diez centrales térmicas en el territorio nacional. En Asturias, Soto de Ribera y Narcea, explotadas por las empresas HC-EDP y Gas Natural-Unión Fenosa, respectivamente. En Castilla y León, las centrales de Compostilla, propiedad de Endesa; Anllares, que explotan Endesa y Gas Natural-Fenosa; La Robla, de Fenosa; y la de Velilla del Río Carrión, propiedad de Iberdrola. En Aragón, las térmicas turolenses de Andorra (Endesa) y Escucha (E.On). En Castilla-La Mancha, la central de Elcogás (Endesa) en Puertollano. Y en Andalucía, la térmica cordobesa de Puentenuevo (E.On).

De acuerdo con el real decreto, Industria prevé el pago de 1.800 millones, a razón de 400 millones anuales hasta el año 2014. En este ejercicio, la cantidad se rebaja a 200 millones de euros, por entender que la entrada en vigor de la normativa debería haberse producido el pasado 1 de julio. A pesar de ello, las empresas eléctricas decidieron recurrir, ante el Tribunal Supremo, esa decisión. En la actualidad, dentro de la UE, sólo Irlanda aplica una normativa similar para proteger su carbón de turba. En el caso español, el nuevo decreto sólo estará vigente hasta el año 2012, cuando expira el actual Plan del Carbón.