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CC.OO. y UGT amenazan con parar Madrid «por las buenas o por las malas»

Las organizaciones convocantes dirigen su beligerancia contra el PP según se acerca la huelga

JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO

Según se acerca el 29-S, los sindicatos van descubriendo sus estrategias sobre la huelga general. Como la que desveló ayer el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, quien dijo públicamente que «el 29 de septiembre Madrid va a parar. Lo vamos a parar nosotros, por las buenas o por las malas».

Esta amenaza fue respondida con una cerrada ovación por los cientos de delegados sindicales de CC.OO. y de UGT presentes en el acto en la capital de España. Lo mismo sucedió cuando Martínez —que en octubre pasado mandó «a su puta casa» al gobernador del Banco de España por pedir una reforma laboral— advirtió de que «en Madrid no van a cumplirse los servicios mínimos abusivos decretados por Esperanza Aguirre».

Y es que esa es otra de las estrategias de los sindicatos que ha quedado confirmada: plantar cara en las regiones del PP y paralizar la capital. Para ello, rechazaron a última hora los servicios mínimos en el transporte propuestos por la comunidad de Madrid y han amenazado con denunciar al gobierno regional por un presunto delito de prevaricación. «Quien dicta servicios mínimos sabiendo que son ilegales, tiene un nombre jurídico: prevaricador», afirmó ayer el secretario general de CC.OO. de Madrid, Javier López.

Penúltimo vídeo

En la guerra entre los sindicatos y el gobierno de Esperanza Aguirre entró ayer en escena el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Eduardo Madina, quien dijo que, aunque en estos momentos el PSOE y los sindicatos «no están de la mano», éstos pueden contar, en especial UGT, con su partido para defenderles de los «ataques» de la presidenta regional de Madrid.

Además de contra el PP, los sindicatos siguen disparando contra los empresarios. UGT emitió ayer el penúltimo vídeo de la serie «Las mentiras de la crisis», en el que únicamente se critica al sector empresarial. El lunes harán público el décimo y último vídeo, en el que habrá «alguna sorpresa», según sus productores.

En cuanto a los servicios mínimos, el Gobierno vasco dictó ayer un decreto que establece el 30% para el transporte de viajeros y el 50% para el servicio de escolta a personas amenazadas. En estos momentos, todas las comunidades, excepto Canarias y Navarra, tienen ya establecidos los servicios mínimos para los sectores esenciales durante el 29-S. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús María Terciado, declaró que los servicios mínimos «no garantizan el derecho al trabajo» y subrayó que «parece que lo que se está apoyando es que la huelga triunfe».

El Congreso de los Diputados ha fijado en un 27% los servicios mínimos para el próximo miércoles, fecha en la que están previstos un pleno de control al Gobierno (9 horas) y tres comisiones parlamentarias (la de Ciencia e Innovación, a las 16.30 horas; la de Industria, Turismo y Comercio, a la misma hora y, a las 17 horas, la de Defensa). Otra comisión prevista, la de RTVE, ha sido aplazada al jueves. La agenda de Rodríguez Zapatero para la próxima semana, hecha pública ayer, prevé su presencia en ese pleno. Por el contrario, el Senado no tiene en cartera ninguna reunión parlamentaria el día del paro.

Consejo de Laicos

Por otra parte, la huelga general será secundada por las organizaciones de agricultores y ganaderos UPA y COAG, según anunciaron ayer. A primera hora de la mañana llamó la atención una nota del Consejo de Laicos del Arzobispado de Madrid, que invitaba a los católicos a sumarse a la huelga general «con algún distintivo de color blanco». En el texto se leía que «convocamos a todos, trabajadores o no, a la acción, a la justa protesta ante la crisis por parte de las personas de buena voluntad que no se sienten representados ni por unos ni por otros». Sin embargo, horas después emitían una nota aclaratoria en la que puntualizaban que el comunicado, firmado por la presidenta del Consejo, Lourdes Fernández de Bulnes, no representa la posición oficial, ni de la Conferencia Episcopal, ni del Arzobispado de Madrid, ni del señor cardenal arzobispo, sino la de los laicos agrupados».

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