Andalucía dará 1.800 euros a las mujeres que declaren vejaciones en el franquismo

Las mujeres andaluzas que juren que padecieron represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo recibirán una indemnización de 1.800 euros. Así lo aprobó ayer la Junta de Andalucía, que pretende con este dinero reparar moralmente a la población femenina que sufrió vejaciones como rapados de cabello, ingesta de aceite de ricino y exposición al escarnio público.

Como no existen documentos que acrediten estos hechos, las mujeres podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Estas pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Junta de Andalucía.

La cuantía de 1.800 euros, que se percibirá en pago único, es similar a la establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años. Los responsables de esta medida no tienen una estimación del número de mujeres que podrían beneficiarse de esta indemnización y creen que los años de mayor incidencia de estas prácticas fueron los transcurridos entre 1936 y 1950.

Los detalles de estas indemnizaciones, que se aprobaron en el Consejo de Gobierno de Andalucía, fueron dados a conocer, en la rueda de prensa posterior, por el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, quien quiso dejar claro que se trata de una cantidad simbólica que busca la reparación «moral» ante el daño y el escarnio que sufrieron estas mujeres, sometidas a humillaciones y a un trato vejatorio. Reconoció que eso es muy difícil de reparar, pero que la Junta ha querido aportar su granito de arena. En su opinión, gracias a esas mujeres, se ha mantenido viva la memoria y «hemos podido comprender qué pasó, al tiempo que jugaron un papel importante en la construcción de la actual democracia».

Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para presentar la solicitud con las pruebas que consideren necesarias. Podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia, de las delegaciones del Gobierno de la Junta y por internet, en el portal www.juntadeandalucia.es. Una vez recibida la solicitud, la administración deberá resolver y notificar en un plazo máximo de tres meses.

Las indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión franquista datan de 2001. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración durante más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las estatales fijadas en 1990). En 2006, el Gobierno andaluz aprobó una nueva modificación para establecer una indemnización de 1.800 euros y extender su cobertura a quienes no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003 por las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos. Desde 2001, Andalucía ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.