El FBI abusó de su autoridad al investigar a Greenpeace o PETA tras el 11-S

Tras los ataques simultáneos perpetrados por Al Qaida el 11 de septiembre del 2001, El FBI habría abusado de sus poderes policiales para la lucha contra el terrorismo. Según ha dejado en evidencia un informe realizado por el inspector general del Departamento de Justicia , los agentes federales abrieron una serie de pesquisas injustificadas contra grupos de izquierda. Además de ocultar sus cuestionables acciones a la requerida supervisión del Congreso de Estados Unidos.

Entre los objetivos de estas investigaciones -realizadas entre el 2001 y el 2006 y bajo la etiqueta de posible amenaza terrorista doméstica- figuraron los ecologistas de Greenpeace , los defensores de los animales del grupo PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), los pacifistas del Centro Thomas Merton y otros grupos religiosos similares.

Según el crítico informe sobre estas acciones exigido por el Congreso federal hace cuatro años, las pesquisas mencionadas estuvieron basadas en "hechos débiles" o "delitos potenciales".

El inspector general del Departamento de Justicia, Glenn A. Fine, plantea también que el FBI llegó a realizar "declaraciones falsas y engañosas" al Congreso , incluidas las actuaciones de vigilancia sobre manifestaciones contrarias a las ofensivas militares ordenadas por la Administración Bush. Según el veredicto del inspector general, estos abusos no fueron producto de una estrategia general o deliberada, pero el FBI debe decidir "si ameritan acciones administrativas o de otro tipo".

A juicio de la Unión Americana de Libertades Civiles , grupo especializado en plantar batalla en los tribunales contra abusos de los poderes públicos en Estados Unidos, el informe del Departamento de Justicia es un capítulo más en el historial poco ejemplar del FBI y demuestra que "se ha espiado sin motivo a activistas protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución, y ha llegado a calificar falsamente la desobediencia civil no violenta como terrorismo".

Sin embargo, el FBI ha insistido en que "tras más de cuatro años de investigaciones por parte del inspector general y una revisión exhaustiva de cientos de decisiones investigadoras realizadas tras los ataques del 11-S, no se ha descubierto una sola instancia en la que se haya señalado a ningún grupo o individuo en función de sus derechos de libertad de expresión".

Según la defensa esgrimida por la institución policial, la clave es que el informe del Departamento de Justicia, aunque crítico con algunos casos, no llega a recomendar modificaciones significativas en la autoridad del FBI para investigar conductas criminales o amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.