China suprimirá la pena de muerte por delitos económicos

China, donde son ejecutados más presos que en el resto del mundo junto, se plantea reducir los delitos castigados con la pena capital. Los jueces chinos pueden condenar a muerte por hasta 68 motivos, de los cuales 44 no son violentos. De ellos, Pekín podría abolir los ajusticiamientos para 13 «delitos económicos» que no impliquen derramamiento de sangre.

Según anunció ayer la agencia Xinhua, así lo ha propuesto una enmienda al Código Penal —en su primera reforma desde 1979— que será estudiada por el comité permanente de la Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del régimen chino. Aunque la propuesta es sólo un borrador y no se sabe cuándo será promulgada como ley, supone un avance en la limitación de la pena de muerte.

Sin embargo, la Fundación Dui Hua, un grupo de San Francisco que investiga las prisiones chinas, cree que no disminuirán las ejecuciones porque los 13 delitos en cuestión raramente son penados con la pena capital o, en caso de serlo, se aplica una suspensión que acaba en perpetua.

Entre los delitos que podrían dejar de ser castigados con la muerte figuran las «actividades fraudulentas con facturas y letras de crédito y la falsificación de recibos para evadir impuestos». Además, destacan otros como el contrabando de objetos de arte, especies protegidas y metales preciosos como el oro.

«Teniendo en cuenta la realidad económica y el desarrollo social, eliminar la pena de muerte para algunos delitos económicos y no violentos no afectará a la seguridad pública», justificó el diputado Li Shishi a Xinhua, que informó de que así «se protegerán mejor los derechos humanos».

Las ejecuciones son un secreto de Estado en el opaco sistema judicial chino, pero Amnistía Internacional calcula que cada año son ajusticia 1.067 reos, muy por encima de los 388 de Irán, el segundo país de esta siniestra lista que incluye a países como Pakistán y Arabia Saudí, pero también a Estados Unidos y Japón.

Desde que el diputado Chen Zonglin reconociera en 2004 que cada año eran ejecutados casi 10.000 presos, el régimen chino ha reducido la pena capital mediante mayores controles legales. Entre ellos destacan la revisión de todas las sentencias de muerte por parte del Tribunal Supremo, que encontró problemas en un 15 por ciento de los fallos dictados en 2008, y la prohibición en mayo de las confesiones arrancadas con torturas y amenazas. Por una cuestión de «humanidad», el Gobierno está implantando además la inyección letal en lugar del tradicional tiro en la nuca.

La mayoría de las ejecuciones son por delitos violentos como crímenes y robos, pero también se sanciona con la pena capital el tráfico de drogas y la corrupción. El nuevo Código Penal también eximirá de la pena de muerte a los menores de 18 y mayores de 75 años.