Montilla maniobra para esquivar la ley de cajas nacional
La Generalitat elabora un decreto que va contra la nueva norma que aprobó el Congreso
El presidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla está dispuesto a dar la última batalla institucional antes de convocar las próximas elecciones autonómicas. La ley de cajas, aprobada recientemente por el Ejecutivo, será la arena donde el gobierno catalán tratará de mantener una cuota de decisión mayor de la que en principio le corresponde y que podría originar un conflicto de alcance constitucional.
En el decreto ley sobre estas entidades de ahorros, al que ha tenido acceso Efe, Montilla se reserva la posibilidad de pronunciarse sobre la transformación de las cajas de ahorros en fundaciones especiales, manteniéndo de esta forma la tutela de la administración catalana. Una excepción que contradice la Ley de Cajas estatal aprobada hace menos de un mes en el Congreso de los Diputados.
Y es que si una caja reduce su participación de modo que no alcance el 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito está obligada por ley a convertirse en una fundación, por lo que no cabe una autorización expresa o una revisión del gobierno de la comunidad autónoma. «La norma no deja margen de maniobra a libres interpretaciones», explican fuentes del sector.
De esta forma, la inclusión en la ley catalana de un apartado que especifica que «el proceso de transformación siempre ha de ser controlado por un representante del Govern, nombrado por la Generalitat, el cual ha de actuar bajo la dependencia directa del Govern» va contra la ley estatal y «el gobierno central sería el encargado de recurrirlo en el Tribunal Constitucional, pues va en contra de una ley superior», apuntan las mismas fuentes.
Otra de las excepciones incluida por el ejecutivo catalán es la de autorizar o no los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) y de los futuros procesos de bancarización de las cajas. Un punto que no contradice la Ley de Cajas pero que podría incitar a otras comunidades autónomas a reclamar la misma potestad. Una vez creada la SIP —también llamada
«fusión fría» porque las cajas mantienen su autonomía pero aprovechando algunas sinergias— la nueva entidad será tutelada por el Banco de España.
Por vía de urgencia
La Generalitat también otorga en el decreto ley —que será aprobado por vía de urgencia— un mayor margen a las cajas locales en la composición de sus asambleas del que tenían con la normativa anterior. Dichas corporaciones locales podrán pesar en el conjunto de las asambleas de las cajas entre el 10% y el 30% (antes este margen quedaba situado entre el 15% y el 25%). Es decir, cada caja podrá en sus estatutos decidir si da más o menos peso a los ayuntamientos en el seno de sus asambleas del que tenían hasta ahora.
De la misma manera, también pueden decidir si dan más protagonismo a los impositores que hasta ahora sólo podían llegar a suponer hasta el 40% de la asamblea, mientras que ahora podrán situarse «entre el 40% y el 50%» de este órgano. También se limita al 40% la representación de las administraciones públicas en los órganos de gobierno, es decir en el consejo de administración, en línea con la nueva Ley de Cajas que aprobó el Gobierno central en la reforma que pactó con la CECA.
El decreto da vía de entrada en la asamblea y en el consejo de administración a los representantes de las cuotas participativas, que tendrán derechos políticos si alguna de las entidades de ahorro opta por emitirlas. Otro cambio radical con el modelo de cajas catalán es que el cargo de miembro del consejo de administración de una caja pasa a ser remunerado, cuando hasta ahora sólo los presidentes, por su especial dedicación recibían un salario. Los consejeros que sólo cobraban dietas, tendrán en el nuevo marco legal una retribución mensual,
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