Clínicas abortivas, como Isadora, Policlínica Retiro y Centro Médico Pacífico, todas ubicadas en Madrid, mantienen la tarifa de precios en sus respectivas páginas web a pesar de que la nueva «ley del aborto» establece que esta práctica la sufraga la administración hasta la semana 14 de gestación. Parece un contrasentido, pero no lo es porque, según organizaciones como Derecho a Vivir y Hazte Oír, se trata de mantener su millonario negocio a través de la financiación pública sin renunciar a la privada.

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, y el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, coinciden en que la nueva «ley del aborto» incrementará de manera espectacular los ingresos de las clínicas abortivas, que se lucrarán por una doble vía: a través de las consejerías de Sanidad que les derivarán a las mujeres embarazadas que pretenden abortar y de las propias mujeres que soslayen el trámite público para, sin vulnerar el marco establecido, abortar por su cuenta en estos centros. Joya señala al respecto que esta práctica posibilita que las clínicas cobren en dinero negro una parte de las intervenciones.

La ley establece que la Administración sanitaria autonómica estará obligada a hacerse cargo de estas intervenciones, lo que, para Arsuaga, implica que las clínicas abortivas ganarán «mucho más dinero» que hasta ahora. Al no costarles nada, se multiplicará el número de mujeres que decidan abortar, convencidas erróneamente de que, al convertirse el aborto en un derecho, es un método anticonceptivo más.

El máximo representante de la organización Hazte Oír apunta incluso la posibilidad del cobro por los extras a las mujeres derivadas por el sistema público de sanidad. De modo, indica, que percibirán incluso dinero de dos lados por un mismo aborto.

En concreto, en la clínica Isadora el precio de un aborto es de 345 euros para las gestantes de 12 semanas si optan por la anestesia local. La general eleva el gasto a 440 euros. El aborto entre las 13 y 14 semanas vale 475 euros y el de 19 semanas 990 euros. Abortar en la semana 20 de gestación cuesta 1.470 euros y, por último, los de las semanas 21 y 22 elevan el precio a 1.655 euros.

La clínica, en su página web, junto a su catálogo de precios, incluye una recomendación. Pide a las potenciales clientas que se pongan en contacto con sus servicios especializados en valorar cada caso, ya que la tarifa del aborto «podría variar siempre con respecto a la posibilidad de cada paciente y a su estado social».

En cuanto a la Policlínica Retiro, el aborto con anestesia local cuesta 310 euros y con total 100 euros más. Si el aborto se realiza con un fármaco en lugar de con una intervención la mujer debe pagar 365 euros. La tarifa del centro médico Pacífico es prácticamente la misma: 310 para el aborto quirúrgico con anestesia local y 410 con general.

Marketing abortista

La nueva ley del aborto ha fortalecido a las clínicas, que se lanzan si tapujos a la búsqueda de clientela con curiosos sistemas de marketing.

Por ejemplo, la clínica Dator, uno de los epicentros del aborto en España, ataca en su página web a quienes defienden al feto. Lo hace a través de su diccionario web de términos relacionados con la sexualidad de la A a la Z, que abarca palabras englobadas entre «abortivo» y «zona erógena». En la letra D, entre «depresión tras el parto» y «derechos homosexuales», intercala «derecho a la vida», que es, en su opinión, la «expresión que utilizan las personas que están en contra de los derechos reproductivos para describir lo que significa estar en contra de estos derechos». Considera la clínica que el significado de la expresión «es limitado y excluyente ya que no abarca el derecho a la vida de la mujer, sólo el del embrión o feto que lleva dentro».

Y también en la D, el «derecho a opciones reproductivas dignas y responsables», la clínica señala su razón de ser al señalar que abarca el derecho «a decidir si se desea tener un hijo y cuándo hacerlo, lo que incluye la cantidad de hijos y el lapso entre los nacimientos, y el derecho al acceso pleno y voluntario a los métodos de regulación de la fertilidad».

En cuanto al «derecho a información basado en el conocimiento científico» implica, según expone, que «la información sexual debe ser generada a través de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales».

Hay que llegar a la letra P para descubrir nuevos ataques a quienes no comparten el criterio de la clínica. En concreto, en el término «programas que fomentan únicamente la abstinencia», que son, indica, análisis que presentan esta fórmula como la única opción correcta para las personas solteras «según las normas morales». Y apostilla: «No incluyen información sobre los beneficios de salud que brindan los condones para prevenir infecciones de transmisión sexual, ni sobre otros anticonceptivos utilizados para prevenir embarazos no planificados». Además, «los programas que fomentan únicamente la abstinencia prematrimonial, financiados por el gobierno, exponen sólo valores que se consideran correctos según normas morales».

El miedo

Asimismo, sostiene, «utilizan tácticas de miedo» y «con frecuencia, fomentan valores religiosos específicos que están detrás. Indican falsamente que las expresiones sexuales prematrimoniales son peligrosas y que producen daños físicos, emocionales y sociales». «Se inhiben los debates que ofrecen información médica precisa y que normalizan y favorecen el aborto, la anticoncepción, la masturbación, el sexo más seguro, la conducta sexual, la identidad sexual y la orientación sexual».

Concluye que presentan «los índices exagerados de fallos de los condones y otros anticonceptivos e indican que llevar a término el embarazo y conservar el bebé o darlo en adopción son las únicas opciones correctas para las adolescentes, excluyendo información sobre aborto».

Clínicas abortivas, como Isadora, Policlínica Retiro y Centro Médico Pacífico, todas ubicadas en Madrid, mantienen la tarifa de precios en sus respectivas páginas web a pesar de que la nueva «ley del aborto» establece que esta práctica la sufraga la administración hasta la semana 14 de gestación. Parece un contrasentido, pero no lo es porque, según organizaciones como Derecho a Vivir y Hazte Oír, se trata de mantener su millonario negocio a través de la financiación pública sin renunciar a la privada.

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, y el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, coinciden en que la nueva «ley del aborto» incrementará de manera espectacular los ingresos de las clínicas abortivas, que se lucrarán por una doble vía: a través de las consejerías de Sanidad que les derivarán a las mujeres embarazadas que pretenden abortar y de las propias mujeres que soslayen el trámite público para, sin vulnerar el marco establecido, abortar por su cuenta en estos centros. Joya señala al respecto que esta práctica posibilita que las clínicas cobren en dinero negro una parte de las intervenciones.

La ley establece que la Administración sanitaria autonómica estará obligada a hacerse cargo de estas intervenciones, lo que, para Arsuaga, implica que las clínicas abortivas ganarán «mucho más dinero» que hasta ahora. Al no costarles nada, se multiplicará el número de mujeres que decidan abortar, convencidas erróneamente de que, al convertirse el aborto en un derecho, es un método anticonceptivo más.

El máximo representante de la organización Hazte Oír apunta incluso la posibilidad del cobro por los extras a las mujeres derivadas por el sistema público de sanidad. De modo, indica, que percibirán incluso dinero de dos lados por un mismo aborto.

En concreto, en la clínica Isadora el precio de un aborto es de 345 euros para las gestantes de 12 semanas si optan por la anestesia local. La general eleva el gasto a 440 euros. El aborto entre las 13 y 14 semanas vale 475 euros y el de 19 semanas 990 euros. Abortar en la semana 20 de gestación cuesta 1.470 euros y, por último, los de las semanas 21 y 22 elevan el precio a 1.655 euros.

La clínica, en su página web, junto a su catálogo de precios, incluye una recomendación. Pide a las potenciales clientas que se pongan en contacto con sus servicios especializados en valorar cada caso, ya que la tarifa del aborto «podría variar siempre con respecto a la posibilidad de cada paciente y a su estado social».

En cuanto a la Policlínica Retiro, el aborto con anestesia local cuesta 310 euros y con total 100 euros más. Si el aborto se realiza con un fármaco en lugar de con una intervención la mujer debe pagar 365 euros. La tarifa del centro médico Pacífico es prácticamente la misma: 310 para el aborto quirúrgico con anestesia local y 410 con general.

Marketing abortista

La nueva ley del aborto ha fortalecido a las clínicas, que se lanzan si tapujos a la búsqueda de clientela con curiosos sistemas de marketing.

Por ejemplo, la clínica Dator, uno de los epicentros del aborto en España, ataca en su página web a quienes defienden al feto. Lo hace a través de su diccionario web de términos relacionados con la sexualidad de la A a la Z, que abarca palabras englobadas entre «abortivo» y «zona erógena». En la letra D, entre «depresión tras el parto» y «derechos homosexuales», intercala «derecho a la vida», que es, en su opinión, la «expresión que utilizan las personas que están en contra de los derechos reproductivos para describir lo que significa estar en contra de estos derechos». Considera la clínica que el significado de la expresión «es limitado y excluyente ya que no abarca el derecho a la vida de la mujer, sólo el del embrión o feto que lleva dentro».

Y también en la D, el «derecho a opciones reproductivas dignas y responsables», la clínica señala su razón de ser al señalar que abarca el derecho «a decidir si se desea tener un hijo y cuándo hacerlo, lo que incluye la cantidad de hijos y el lapso entre los nacimientos, y el derecho al acceso pleno y voluntario a los métodos de regulación de la fertilidad».

En cuanto al «derecho a información basado en el conocimiento científico» implica, según expone, que «la información sexual debe ser generada a través de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión apropiada en todos los niveles sociales».

Hay que llegar a la letra P para descubrir nuevos ataques a quienes no comparten el criterio de la clínica. En concreto, en el término «programas que fomentan únicamente la abstinencia», que son, indica, análisis que presentan esta fórmula como la única opción correcta para las personas solteras «según las normas morales». Y apostilla: «No incluyen información sobre los beneficios de salud que brindan los condones para prevenir infecciones de transmisión sexual, ni sobre otros anticonceptivos utilizados para prevenir embarazos no planificados». Además, «los programas que fomentan únicamente la abstinencia prematrimonial, financiados por el gobierno, exponen sólo valores que se consideran correctos según normas morales».

El miedo

Asimismo, sostiene, «utilizan tácticas de miedo» y «con frecuencia, fomentan valores religiosos específicos que están detrás. Indican falsamente que las expresiones sexuales prematrimoniales son peligrosas y que producen daños físicos, emocionales y sociales». «Se inhiben los debates que ofrecen información médica precisa y que normalizan y favorecen el aborto, la anticoncepción, la masturbación, el sexo más seguro, la conducta sexual, la identidad sexual y la orientación sexual».

Concluye que presentan «los índices exagerados de fallos de los condones y otros anticonceptivos e indican que llevar a término el embarazo y conservar el bebé o darlo en adopción son las únicas opciones correctas para las adolescentes, excluyendo información sobre aborto».