Un jefe de Antifraude del tripartito, investigado por inflar sus dietas

Un total de 22.664 euros en dietas. Esta es la factura de kilómetros, peajes, comidas y otros gastos extras que pasó en 2004 no un comercial de lujo, sino el actual director de investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Josep Maria Sangenís, entonces interventor del departamento de Política Territorial y Obras Públicas (Ptop) de la Generalitat. Simpatizante del PSC hasta días antes de su nombramiento como director de Investigaciones de la OAC, Sangenís es el responsable de las investigaciones de la flamante Oficina Antifraude creada por el tripartito catalán a raíz del escándalo del 3%, denunciado por Pasqual Maragall en el Parlamento catalán para comprometer la etapa de gobierno de los nacionalistas.

Sin embargo, el interventor destinado a convertirse en azote de los funcionarios y empleados públicos manirotos de Cataluña también tiene pasado. En 2005, los gastos extras de Sangenís se habían disparado de tal modo que la Intervención abrió una investigación interna sobre su abultada factural. El resultado: traslados a Pons (Lérida) por los que facturaba 580 kilómetros cuando la distancia es de 254 kilómetros o la facturación de 2.343,90 euros por un curso impartido en el Institut pel al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran. Un instituto dependiente del Departamento de Ptop del que Sangenís era interventor, lo que hace más que cuestionable que cobrara a parte las clases de Gestión Económica y Financiera de Presupuestos impartidas a su personal.

Gastos en aumento

De hecho, la factura de dietas de 2004 fue la que hizo saltar la liebre, pero en 2002 Sangenís ya había cobrado 6.980 euros por estos conceptos. Al año siguiente duplicó costos y se situó en 13.764 euros y en 2004 tocó su techo con los 22.664 euros ya mencionados. En 2005, último año en el que disfrutó de su particular patente de corso como interventor de Política Territorial, pasó dietas por valor de 9.661 euros.

Con este historial, en 2006 —ya bajo gobierno tripartito— se le abrió una investigación que, curiosamente, no concluyó con la apertura de un expediente disciplinario sino con su traslado a los servicios centrales de la Intervención General, lo que le impedía pasar dietas por salidas. Un traslado muy oneroso para Sangenís, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2004 declaró haber salido 169 días de los 254 laborables del año. Y un centenar de ellos regresó teóricamente después de las diez de la noche, lo que implicaba pago de horas extras. Algo que según sus superiores no se justificaba por sus responsabilidades en Política Territorial.

Cuadro del PSC

El traslado a los servicios centrales llevó a Sangenís a dejar la Intervención, pero rápidamente obtuvo recolocación en la empresa municipal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) Promoció Industrial Vilanova S.A. Cargo que después compatibilizó con el de consejero Financiero de la empresa pública Aeroports Públics de Catalunya, mientras era también consejero de la Federación del Alt Penedés-Garraf del PSC. Sin embargo, dejó esas responsabilidades para incorporarse a la Oficina Antifraude con un sueldo equivalente al de director general de la Generalitat, esto es, 80.890 euros anuales.

Dirigida por el ex fiscal anticorrupción David Martínez Madero, la OAC cuenta para este año con un presupuesto de casi 6 millones de euros se estructura en tres direcciones: la de Investigación, Prevención y Análisis. Sangenís dirige la primera, dedicada, según la propia web de la OAC, a «el examen, la inspección y otras tareas operativas de la Oficina, además de velar por la indemnidad personal y profesional del denunciante».

La dirección de Prevención gestiona programas de formación, asesora en el diseño de programas de prevención y control de la corrupción, participa en propuestas y recomendaciones en la elaboración de leyes y realiza el seguimiento de las investigaciones finalizadas por la Oficina. La dirección de Análisis identifica actos irregulares del sector público o privado subvencionado con fondos públicos y se encarga de determinar la verosimilitud de las denuncias recibidas.