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El campo pide el indulto

Los ganaderos castellano y leoneses claman contra la decisión «política» de Cataluña de prohibir los toros y alerta de la negativa incidencia que tendrá en la dehesa y en los miles de puestos de trabajo que genera la Fiesta

isabel jimeno

Incredulidad, indignación e impotencia, pero, sobre todo, muchas ganas de seguir luchando por un negocio que corre por sus venas lo mismo que la bravura por la de las reses que crían en sus fincas. Es la mezcla de sensaciones que recorre la dehesa de Castilla y León después de que el Parlamento de Cataluña diese vía libre a la Iniciativa Legislativa Popular para prohibir —si el tiempo y la justicia no lo impiden— a partir de 2012 que los toros vuelvan a salir a los ruedos de esta comunidad.

Los ecos de la decisión aún resuenan en el campo, donde los astados permanecen ajenos a la polémica, pero los ganaderos tratan de mover ficha para salvar un negocio al que la crisis ya ha asestado el primer puntillazo y al que la «política» trata de dar el estoconazo definitivo. Y es que si en algo coinciden todos es en que se trata de una decisión «exclusivamente política por diferenciarse del resto de España», lo que «nada» tiene que ver con la defensa de los animales. Que otros espectáculos taurinos como los «correbous» no se hayan «tocado» es uno de los argumentos que esgrimen para defender esta opinión.

Y es que aunque los cosos catalanes estén a cientos de kilómetros, la decisión tiene su incidencia directa en Castilla y León, el corazón donde se gesta buena parte de la fiesta. No en vano es la segunda comunidad, sólo por detrás de Andalucía, con mayor número de ganaderías. 241 hierros crían sus más de 51.000 cabezas en estas tierras —178 de ellos en Salamanca, la primera provincia del ránking nacional tanto en número de explotaciones como de animales—. Casi 57.000 hectáreas de dehesas, ese ecosistema singular con unas características únicas, se vería en peligro si el ganado de bravo dejara de pastar en ellas antes de salir al ruedo.

En su favor alzan la voz varios ganaderos de Castilla y León con quienes ha hablado ABC, pero sobre todo alertan de que esta decisión —«que quede claro que Cataluña es la primera comunidad que ha prohibido los toros porque en Canarias se dejaron de celebrar porque no había demanda», subraya uno de ellos, Moisés Fraile— pone en peligro un sector del que en España viven cerca de 200.000 personas. De hecho, es el segundo espectáculo, después del futbol, «que más gente mueve» y, por lo tanto, más ingresos genera a las arcas públicas —soporta un IVA del 18 por ciento—.

No conciben Castilla y León y sus fiestas sin espectáculos taurinos, como ha venido ocurriendo desde que en la Edad Media los primeros astados se convirtieron en protagonistas de la Fiesta.

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