El juez del «caso Ripoll» estalla y acusa a la Policía de arrestar por su cuenta
Revela que no le han informado del número, identidad ni comparecencia ante él de los detenidos
A pocas horas de que el presidente del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, comparezca ante el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela —está citado a las 14 horas de hoy—, son muchos más los interrogantes que las certezas sobre la polémica actuación de la Policía Nacional. Porque tantos son los puntos oscuros que el magistrado del caso se plantó ayer y denunció en sendos comunicados la unilateriladad de las detenciones (hasta once) practicadas, dejando en evidencia al Ministerio del Interior.
Durante toda la jornada del martes se aseguró que las detenciones de Ripoll, tres concejales de Orihuela y siete empresarios habían sido acordadas por el juzgado que instruye la denominada «operación Brugal» —que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un plan de residuos de la Diputación de Alicante— y la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la titular del juzgado en el que se instruye el caso desde 2007 se desmarcó ayer de las detenciones.
En un duro comunicado remitido desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez aclaró ayer que «no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna». Y, sin embargo, los implicados tienen muy claro que se les detuvo. Así lo indicó Ripoll durante su comparecencia de ayer, al confirmar que la Policía, tras registrar su domicilio durante tres horas y su despacho en la institución provincial, le comunicó su condición de detenido para trasladarlo a la Comisaría Provincial de Alicante, de donde salió en libertad a las 20.15, doce horas después de iniciarse la operación.
Decisión policial
Es decir, la orden de detener al dirigente alicantino, los tres ediles y los siete empresarios no partió en ningún caso del juzgado. La Policía Judicial, de hecho, está facultada para decidir una detención en el marco de una investigación judicial aunque no exista
una orden del juez, según fuentes del Ministerio del Interior. Ahora bien, la Ley de Enjuiciamiento Criminal acota esa facultad a los casos de delitos flagrantes.
Y, por otra parte, según fuentes fiscales consultadas por ABC, el Ministerio Público también estaría facultado para ordenar a la Policía Judicial la detención de un sospechoso. Así lo recoge en el artículo 5 de su estatuto orgánico, aunque es una posibilidad que se da en contadas ocasiones cuando una causa está sub iúdice, es decir, en manos del juez. Estas fuentes reconocen que lo habitual es que sea el instructor el que tome las riendas y ordene las detenciones que procedan.
En este caso no existía una orden de detención, aunque sí un mandamiento de entrada y registro en el domicilio particular del presidente provincial alicantino, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela, entre otros —a petición de la Policía, según el TSJCV—. Las detenciones, de esta forma, fueron decididas por la Policía al término de los registros en el uso de sus atribuciones, y supuestamente en función de las pruebas que encontraron.
La confusión que guió las actuaciones del martes, que llevaron a detener durante doce horas a cuatro políticos del PP alicantino para dejarlos luego en libertad, aumentó considerablemente ayer a medida que se cruzaban las versiones de los implicados. Primero, el juez aseguró que no había ordenado ninguna detención más relacionada con un sumario que se abrió en marzo de 2007. Luego, desde la Fiscalía se deslizó que no se podía considerar que los implicados hubiesen sido formalmente detenidos.
Mientras crecía la indignación en las filas del PP por lo «desproporcionado» de la actuación policial —que achacaron directamente al ministro Pérez Rubalcaba—, tanto Ripoll como la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente —que ayer estuvo ausente del Ayuntamiento mientras se procedía a su registro y a la detención de tres ediles—, confirmaban los arrestos. Los dos dirigentes populares
añadieron así más confusión si cabe a la naturaleza de la operación.
El galimatías del «caso Ripoll» no acababa ahí. Mientras la Policía y la Fiscalía revelaban las fechas en las que los detenidos pasarían a disposición judicial, el juez aseguraba en un segundo comunicado remitido a media tarde que no había acordado «la citación judicial ni la imputación» de ninguno de los implicados, salvo los que ya habían sido detenidos en mayo de 2007 —el empresario Fenoll y su hijo, y un empleado del primero, concejal del PP en Albatera—. En cambio, tanto Ripoll como Lorente confirmaron que han recibido citaciones para acudir al juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El primero, hoy, y los tres ediles oriolanos, mañana. No obstante, la alcaldesa de Orihuela señaló que la citación que han recibido sus ediles es de naturaleza «policial, no judicial».
El juez no sabe nada
De hecho, según el comunicado del TSJCV, el instructor ni siquiera tiene constancia oficial de que Ripoll y los ediles de Orihuela vayan a pasar a disposición judicial. Aunque la Policía «tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones» —lo que equivale al citado paso a disposición judicial—, según la nota, el juzgado tampoco tenía l término de la mañana de ayer «comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas detenidas». Fuentes judiciales advirtieron de la posibilidad de que el juez no esté hoy en el juzgado para tomar declaración a Ripoll, y que tenga que hacerlo el juez de guardia.
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