«El fallo del TC supone la completa derrota de las posiciones del PP»

María Teresa Fernández de la Vega ha sido la primera voz del Gobierno en respaldar la postura adoptada por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que según su interpretación «ha avalado la constitucionalidad del Estatuto en su práctica totalidad», un texto -ha recordado- aprobado en su día por el Parlamento catalán, que recibió el aval de las Cortes Generales y fue refrendado por los ciudadanos de Cataluña. «El Estatuto se viene aplicando desde hace tres años y diez meses con total normalidad», ha afirmado. De la Vega ha criticado el recurso del PP, del que el Alto Tribunal «ha tumbado el 92% de las peticiones de inconstitucionalidad» que suscribió el Partido Popular. Por ello, ha disparado la vicepresidenta primera del Ejecutivo, esta sentencia supone la completa «derrota de los posicionamientos planteados por el PP» en su recurso del 31 de julio de 2006.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha precisado que sus cálculos obedecen a que de los 187 pronunciamientos solicitados por el PP sobre el Estatut, el TC sólo ha declarado inconstitucional un artículo, concretamente el artículo 97, ya que del resto, ha habido 14 declaraciones de inconstitucionalidad que afectan a párrafos o palabras de otros artículos y después hay cuestiones interpretativas de otros 25 artículos. El artículo 97 al que ha aludido la «número dos» del Gobierno versa sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y dice, literalmente: «El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial».

De acuerdo con las informaciones de las que dispone el Ejecutivo, el TC «ha avalado el modelo de financiación de Cataluña, ha confirmado el avance en autogobierno de la Comuniad, ha refrendado que las nuevas competencias de la Generalitat son conforme a la Carta Magna y no es cierto -como apuntaba el PP- que se establezca una relación confederal entre Cataluña y el Estado y declara compatibles los mecanismos de relación bilateral». También ha declarado constitucional «la competencia de las Comunidades Autónomas para proyectar sus competencias en el exterior.