Llega la hora de la Armada

Por fin llega la acción. Un año después, el Ministerio de Cultura acaba de reactivar el convenio de colaboración con Defensa que permitirá a los buques de la Armada participar en la protección del patrimonio sumergido. Las primeras intervenciones tendrán lugar antes de que concluya el verano, según han confirmado a ABC fuentes oficiales, que están a la espera de que se decida el primer objetivo de excavación.

Desde el expolio por parte de la empresa de cazatesoros Odyssey Marine Exploration en aguas del Estrecho, hace ya tres años, la posibilidad de esta colaboración ha estado sobre la mesa y ha provocado agrios debates autonómicos que, hoy sí, parecen solventados, gracias al diálogo y la gestión de ambos ministerios. Hay mucho en juego. Fuentes ministeriales valoran que una oportunidad como ésta no puede tirarse por la borda, porque no habrá otra.

Como se recordará, después de la firma del convenio por las ministras Carmen Chacón y Ángeles González-Sinde, ahora hace un año, la Comunidad andaluza amenazó con un conflicto de competencias si no se tenía más en cuenta su poder decisorio. El convenio suscrito ha sufrido una adenda que impone el criterio autonómico para decidir las intervenciones en las que participarán los buques de la Armada y que serán financiados por el Plan Nacional de Arqueología Subacuática. Además, en el texto se ha cambiado el destino de las piezas que se excaven durante las campañas, que ahora deberán ir a un museo de la Comunidad Autonómica correspondiente, y ya no obligatoriamente al Museo Nacional ARQUA de Cartagena. El Plan Nacional está dotado este año con 900.000 euros, gracias a los que Cultura ofrecerá, en partidas de unos 50.000 y hasta 60.000 euros, su apoyo a proyectos concretos que negociará cada Autonomía con el Ministerio de forma bilateral.

Bienes que proteger

Aunque en Cultura son conscientes de la prioridad de realizar con prontitud la carta arqueológica de las aguas españolas para conocer los bienes que es necesario proteger, saben que determinadas Comunidades tienen sus propias ideas. El convenio con Andalucía está firmado y el resto de Autonomías ya dispone para su estudio de los textos jurídicos correspondientes. Pero lo importante es que, por fin, el Patrimonio subacuático emerge como cuestión de Estado, si bien es cierto que las características de la España autonómica han obligado a un esfuerzo negociador suplementario. El año de retraso ha obligado a emplear las partidas previstas para el convenio en 2009 en diversos proyectos arqueológicos dentro y fuera de España, según ha podido saber este diario. En un plano más teórico, Cultura presenta mañana el «Libro verde» que sirve de marco al Plan Nacional de Arqueología Subacuática. El documento, elaborado por un amplio grupo de expertos, se presentará ante un panel internacional de especialistas que se reúnen hoy y mañana en Cartagena y que forman el Consejo Consultivo que la Unesco invocó para orientar a los Estados sobre la aplicación de la Convención de la Unesco para el patrimonio subacuático, que ha supuesto un gran paso para desterrar a los cazatesoros de los yacimientos históricos.

Desde ese punto de vista teórico, el «Libro verde» ofrece al desarrollo del Plan Nacional una sistematización de conocimientos, prioridades e intenciones. Pero sólo unido al convenio para el uso de los buques de la Armada —al que el «Libro verde», paradójicamente, no hace mención— puede aportar el impulso decisivo para que hablemos de un antes y un después de la arqueología subacuática en España. Mientras tanto, los cazatesoros no paran. Dave Parham, de la Universidad de Boumemouth, y Greg Stemm, presidente de Odyssey, han mantenido un debate en la revista de la Nautical Archaeology Society. Stemm ha vuelto a argumentar que ellos salvan los pecios del daño de los buques arrastreros y que el ánimo del lucro no está reñido con la ciencia. Desgraciadamente, su actuación en el Estrecho desmiente sus palabras.