Dieciséis años no son nada para una sociedad financiera con siglo y medio de existencia como Cajasur. Pero, estos tres quinquenios han sido los más importantes para ella, porque han asistido a su nacimiento tal como se la conoce y a la defunción de una entidad que llegó a ser la segunda andaluza y la décima de España en una provincia eminentemente agraria.

1994 es clave para entender todo lo que después ha acontecido. Ese año surgió la moderna Cajasur gracias a la fusión por absorción de la Caja Provincial, fundada por la Diputación. Aunque fue un proceso relativamente rápido, no estuvo exento de polémica entre sus protagonistas.

Del lado de Cajasur, el peso lo llevaba en exclusiva el canónigo Miguel Castillejo con el apoyo del obispo José Antonio Infantes Florido (fallecido en otoño de 2005).

Del lado del PSOE, su líder cordobés, José Mellado, fue una figura clave al impulsar junto al presidente de la Caja Provincial, Alfonso Castilla, la unión \[sus detractores la calificaron de «traición»\] con el Monte de Piedad. A Castilla también se le reprochaba que se garantizaba así su continuidad, ya que llegaba al final de su mandato. El presidente de la Diputación, el guerrista Rafael Vallejo, se opuso vehementemente, como también lo hizo el alcalde de la ciudad, Herminio Trigo, que, casualidades de la vida, acabó recalando en el PSOE. La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, tuvo un papel secundario.

El 24 de septiembre de 1994, se firmó el protocolo de fusión \[luego retocado por la Consejería\] de una entidad cuya cuota de mercado cordobés era del 49,9%, igual que ahora, lo que demuestra que Cajasur ha mantenido su fortaleza, y su tasa del solvencia rondaba el 15%, casi el doble de lo legalmente exigible.

El 31 de diciembre concluyó el proceso con la firma de las escrituras de la fusión por absorción, expresión que fue una de las correcciones que incluyó la consejera. Otra cuestión que impuso fue la disolución de los órganos de gobierno de la caja absorbida, cuya entidad fundadora se quedaba con un 11% de cuota de la asamblea, frente al 40% del Cabildo, y una vicepresidencia, que primero estuvo en manos de Alfonso Castilla hasta que éste pasó al Grupo de Empresas.

De cura amigo a enemigo

El nacimiento de la Caja Provincial y Monte de Piedad abrió una brecha en las filas socialistas, cuyos dirigentes trazaron una estrategia para controlar en el futuro la entidad, que fracasó por las hábiles maniobras de Castillejo, que cerró el paso al PSOE y a la Junta una vez que se consumó la absorción.

Y es que Castillejo ganó no sólo una caja, sino muchos enteros de cara a la sociedad y a los hechos que se desencadenarían a finales de la década, cuando la Junta decidió echar toda la carne en el asador para desbancarlo.

Un año después de firmarse la fusión, Demoscopia realizó una encuesta en la que el 64% de los cordobeses consideraba que la solvencia de Cajasur había aumentado con la absorción. Su presidente y el obispo Infantes Florido aparecían como los personajes mejor valorados por la sociedad cordobesa.

La larga luna de miel que vivió la entidad se malogró a finales de 1999. Todo comenzó con una ley que reducía la representación del Cabildo en la entidad, la de Cajas de Ahorro de Andalucía, y un proyecto, la gran Caja Única regional mediante la fusión de las seis entidades existentes entonces. Aquella empresa, que se convirtió en una obsesión para su promotora, Magdalena Álvarez, constituía una clara afrenta contra Cajasur, que se regía hasta entonces por la ley conocida como la Lorca, promulgada por el Gobierno de Felipe González en 1985, una norma que preservaba su singularidad eclesiástica y escapaba a su control político.

La Junta se encontró con la oposición frontal de Castillejo, ya que su ley introducía una cláusula «ad hominem» para jubilarle. El presidente pasó, en meses, de ser el cura «amigo» a convertirse en el enemigo a batir. Curiosamente, en febrero de ese año, coincidiendo con el anuncio de la Caja Única, el presidente autonómico Manuel Chaves le había impuesto la Medalla de Andalucía.

Castillejo movilizó todos sus resortes para situarse bajo la tutela del Gobierno central, entonces en manos del PP, cuyo Ejecutivo recurrió la norma andaluza ante el Tribunal Constitucional, que paralizó su aplicación. Además, hábilmente, supo atraerse el apoyo de gran parte de la opinión pública cordobesa.

Para el Gobierno andaluz, el discurso tomó un sesgo anticlerical: lo que estaba en juego, decía, era acabar con los privilegios de la Iglesia, los mismos que había amparado en 1994 al autorizar la fusión con la Caja Provincial.

Quien era ministro de Economía, Rodrigo Rato, salió a su rescate, permitiendo que se acogiera a la Ley Financiera, que salvaguardaba el peso específico de la Iglesia y garantizaba la continuidad del sacerdote al frente de la caja. Tras dos años de dura batalla mediática y política, la entidad consumó su paso a la tutela estatal.

La guerra siguió en los tribunales y en la prensa, que dio cuenta con todo lujo de detalles de una póliza millonaria suscrita por el presidente de Cajasur. El obispo de Córdoba, Javier Martínez, y Castillejo protagonizaron un enfrentamiento explosivo a cuenta de dicha póliza, que el prelado llegó a calificar de «escándalo público muy grave», despertando la simpatía de la Junta. Martínez reclamó la dimisión de Castillejo, que se negó a irse y acabó pidiendo audiencia al Vaticano, que tomó partido por quien administraba sus finanzas. Fue el obispo el que tuvo que marcharse a Granada.

Fueron éstos los años de mayor prosperidad económica, lo que se reflejo en las cuentas de la entidad. La caja se «enladrilló». Buena parte de los riesgos en el sector inmobiliario contraídos entonces devinieron en la posterior necesidad de una fusión. Cajasur estableció alianzas con socios poco fiables. Creó una sociedad, Arenal Sur 21, con el constructor Rafael Gómez, al que le concedió un préstamo de 167 millones, que acabaría imputado en la «Operación Malaya».

El guión cambió por completo con la victoria del PSOE en las generales de marzo de 2004. Con un Gobierno socialista en Madrid, la vuelta al control autonómico estaba cantada. El traspaso se completó en noviembre de 2005. Vino precedido del «Pacto de Santa Lucía» (diciembre de 2004) entre el nuevo obispo, Juan José Asenjo, y el entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán. El acuerdo allanó la marcha de Castillejo meses después y acabó con un lustro de dura pugna y el aumento de la cuota política en los órganos de gobierno de la entidad.

El elegido para tripular la Caja en la transición a la nueva estructura de dichos órganos de gobierno fue el presidente del Cabildo Catedralicio, Juan Moreno, en vez de los nombres que más sonaron: Fernando Cruz-Conde, entonces vicario de Economía y Patrimonio y que acabó de vicepresidente segundo de la entidad, y Mario Iceta, en aquel tiempo vicario de la Campiña y hoy obispo administrador apostólico de Bilbao.

Por entonces, Cajasur ya incubaba uno de sus grandes males: la excesiva concentración que alcanzó en la construcción durante el «boom» inmobiliario. De hecho, eso le valió la apertura de un expediente disciplinario por el Banco de España en abril de 2005 por «el aumento significativo del riesgo crediticio de financiación en la actividad mobiliaria a través de sociedades participadas o acuerdos con acreditados».

Los directores generales

Son días de renovación en Cajasur. Su director general, Francisco Jesús Jurado, comunica su renuncia en agosto de 2005. Desde ese momento, ese cargo, vital en la entidad, no tendrá continuidad. Se sucederán sus ocupantes, siendo otro factor que restó estabilidad.

Habrá muchos cambios, pero en la entidad se seguirán tomando decisiones a la larga ruinosas. Por ejemplo, a finales de 2006, compra el cien por cien de Arenal Sur 21, la promotora que había creado al 50% con Rafael Gómez. El empresario tras ser detenido en junio de ese año por la «Operación Malaya» empezó a vender activos en busca de liquidez. Esa sociedad ahora se llama Prienesur y en 2009 tuvo 47,3 millones en pérdidas.

A la conclusión de 2006, la Iglesia elegirá al entonces vicario general de la diócesis cordobesa —su «número dos»—, Santiago Gómez Sierra, para que dirija Cajasur.

Sustituyó a Moreno en enero de 2007. Él promoverá a otro director general, José Antonio Arcenegui, hombre de la «casa». Éste, a su vez, será relevado en enero de 2008 por un «fichaje» estrella: Alfonso Tolcheff, experto en banca comercial. Su mensaje es claro: potenciar el negocio tradicional y reducir el holding empresarial, desinvirtiendo, sobre todo, en la construcción, lo que no será fácil por la «explosión» de la burbuja inmobiliaria.

Sube la morosidad

Pero, para colmo de males, la desgracia se cebó con Cajasur y el propio Tolcheff. Él enfermó gravemente —falleció en octubre de 2008— y, en su lugar, hubo otro «fichaje» de campanillas: Carlos Senent, ex alto directivo del BBVA. El 30 de septiembre fue nombrado y se enfrentó a una entidad ya «tocada». Pese a los esfuerzos hechos por meter la tijera en el riesgo inmobiliario acumulado en Cajasur, caminaba a una morosidad desorbitada, afectada por la crisis general y el desplome del ladrillo. Y es que 2008 lo acabó ya con una tasa de mora del 5,3%, muy por encima de la media de las cajas de ahorro.

Cajasur arrancó 2009 sopesando la búsqueda de un socio, aunque seguía optando por seguir en solitario. Otro factor de inestabilidad fue la destitución en febrero de Senent como director general por desencuentros con la dirección. Se nombró a Antonio Barral, experto auditor financiero y hombre de la «casa». Era el quinto director general desde diciembre de 2005.

En abril, todo se aceleró. Cuando la agencia de riesgo Fitch bajó a Cajasur su calificación, con lo que perdió peso en los mercados mayoristas y tuvo problemas para obtener liquidez, el Banco de España le dio el primer aviso. Le exigió un plan de ajuste, pero le enfilaba a una fusión. Cajasur negoció con Caja Murcia, pero la Junta, usando sus competencias, vetó la operación por temor a que la entidad acabara controlada por una caja de una comunidad dirigida por el PP. Así, Cajasur siguió la senda marcada por el Gobierno regional y el 20 de julio de 2009 anunció el inicio de un proceso de fusión con Unicaja.

El resto es historia reciente: la desconfianza que generó el presidente de la caja malagueña, Braulio Medel, en la Iglesia con su forma de negociar y la falta de un acuerdo laboral fueron el caldo de cultivo para que la operación se frustrara, lo que supuso la intervención de Cajasur por el Banco de España.