Garzón pide su traslado a la Corte Penal Internacional

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha cursado una petición al Consejo General del Poder Judicial para que le sea reconocida la situación de “servicios especiales” y, así, poder integrarse en la plantilla de colaboradores del Tribunal Penal Internacional (TPI) en calidad de «consultor externo» de la Fiscalía. Garzón recibió el pasado 6 de mayo una carta del fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, buen amigo suyo, que ha decidido aceptar.

El magistrado pasaría a ser técnico de investigación de crímenes masivos y podría ser contratado por siete meses, prorrogables. En principio se establecería en La Haya, sede de la Corte Penal Internacional, aunque posteriormente podría ser trasladado a la República Democrática del Congo, Uganda o Colombia, países donde se han abierto causas por crímenes contra la humanidad.

La petición del juez para que el órgano de gobierno de los jueces le declare en situación de servicios especiales ha llegado a última hora de esta mañana al CGPJ. La Comisión Permanente podría dar por recibida la solicitud en la reunión que tiene prevista mañana, aunque fuentes de ese órgano señalan que es difícil que llegue a estudiarla en profundidad y a tomar una decisión. Sería importante para Garzón que su petición se resolviera antes de que el pleno del Consejo decida si le suspende o no cautelarmente por su investigación sobre la memoria histórica, ya que un juez suspendido en el ejercicio de sus funciones no puede solicitar traslados ni modificar su situación del servicio activo a servicios especiales.

El magistrado del juzgado de instrucción número 5 tiene abiertas tres causas en su contra en el Tribunal Supremo por los cobros en Nueva York, la investigación de las fosas del franquismo y las escuchas ordenadas sobre la trama Gürtel, aunque este hecho no es significativo para su contratación en el TPI, según fuentes próximas a la Fiscalía del Tribunal internacional.

La noticia se conoce el mismo día en que sus abogados defensores han alegado que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la recusación de Luciano Varela, instructor de la causa contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, vulnera sus derechos fundamentales . Garzón acusa además a Varela de ser el «autor intelectual» de los escritos de la acusación.