Una sentencia inquietante

LA opinión pública ha recibido con extrañeza e inquietud la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a cinco directivos del periódico «Egunkaria» por no estar probada su pertenencia a la banda terrorista ETA. Estiman los jueces que la clausura del diario en 2003 carecía de habilitación constitucional y tampoco existía una norma legal suficiente para justificar esa decisión. Mas aún, la sentencia estima que la línea informativa no permitía considerar que el diario fuera un instrumento para la comisión de delitos. La libre absolución de los acusados responde también a la petición de la Fiscalía que -una vez más- actúa de forma errática en esta compleja materia, dejando ante los ciudadanos la impresión de que no se mueve únicamente por razones de legalidad, sino también por circunstancias y contextos ajenos a la aplicación estricta de la norma. En efecto, la contundente postura del Ministerio Público -que constrasta radicalmente con la mantenida en un principio-descarta por completo los indicios de que «Egunkaria» estuviera vinculada con las finanzas de la banda, con una actitud rígida que cierra el paso a cualquier posible investigación.

Nadie pone en duda que la libertad de expresión es un principio esencial en el Estado democrático y se puede también compartir el razonamiento de la sentencia de que un periódico no es una empresa cualquiera, precisamente por su vínculo con la formación de una opinión pública libre en los términos del artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, ello no significa que esa libertad carezca de límites, entre ellos -por supuesto- cualquier planteamiento editorial que favorezca la causa del terrorismo. Las pruebas esgrimidas por las acusaciones populares, a partir de documentos intervenidos a la dirección de la banda no han sido consideradas por una resolución judicial que se muestra muy dura con las acusaciones. El juez Del Olmo ordenó en su día la clausura de este medio de comunicación -precisamente a instancias de la Fiscalía y tras informe de la Guardia Civil que concluía que «Egunkaria» había sido «creada, financiada y dirigida por ETA»- y ahora la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rectifica al magistrado.