Suposiciones

LA inmunidad parlamentaria se incluye en la Constitución para blindar a los miembros electos de las Cámaras en su tareas de representación popular, no para proporcionarles el privilegio de una protección extra ante procesos penales de delincuencia común. El abuso de esta prerrogativa con fines espurios constituye una repugnante perversión del juego limpio de la política, ya de por sí bastante degradado para que tipos como el senador Bárcenas y el diputado Merino insistan en acogerse a fuero frente a sospechas de venalidad aparentemente bien fundadas. Cuando a uno lo acusan de corrupción, y más si existen presunciones serias, no cabe invocar la condición de representante público; a nadie lo han elegido para llevarse dinero bajo cuerda.

Se puede entender que Merino y Bárcenas, el presunto «Luis el Cabrón» del sumario Gürtel, otorguen prioridad a sus intereses personales y se agarren como tabla de salvación a sus garantías especiales para escapar de los instructores ordinarios y ponerse en manos del Supremo. Los escaños son suyos aunque no los habrían obtenido sin el amparo de unas siglas. Lo que no se entiende es que su partido decline la obligación de reclamarles taxativamente a ambos las actas de la que están haciendo uso indebido, ni que en su defecto los expulse del grupo que les da acogida. Esta dejación constituye una forma indirecta de abrigo político que causa daño a la imagen corporativa del Partido Popular. Cada vez que los medios de comunicación mencionen a estos imputados podrán hacerlo con el remoquete de «senador o diputado del PP», aunque hayan causado baja provisional como militantes para minimizar las salpicaduras del escándalo.

El caso más delicado es el de Bárcenas por su proximidad funcional a Mariano Rajoy. Por mucho que se precie de manejar los tiempos y de aguantar sus criterios sin que le impongan la agenda, Rajoy no puede abdicar gallegueando —«supongo que seguirá»— de sus exigencias de honestidad y limpieza. Un líder no supone nada que le concierna bajo su mando; o desautoriza o consiente. Si ha forzado la dimisión del tesorero ante la existencia de graves indicios o recelos razonables debe completar la cirugía con un despido parlamentario. Y si cree en su inocencia ha de proclamarlo sin ambigüedades y defenderlo con todas las consecuencias. El tibio estilo marianista permite que persista en la opinión pública la sensación de que Bárcenas goza de trato de favor por su posición sensible como veterano guardián de las cuentas del partido, una percepción incompatible con las aspiraciones de alternativa de gobierno. Con la corrupción no caben medias tintas, ni éticas relativistas, ni posiciones de conveniencia. Menos aún si contradicen la doctrina de firmeza exigida con toda razón al adversario. La cuestión se llama ejemplaridad, y no tiene matices; si el PP quiere ser percibido por la sociedad como una organización distinta con un mensaje distinto, tendrá que comportarse de distinta manera. Supongo.