Imputan al alcalde de O Grove por beneficiar a su hermano

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Cambados comunicó el pasado día 9 la imputación del alcalde de O Grove, el socialista José Antonio Cacabelos, por un presunto delito de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias, relacionados con la adjudicación y construcción de unas dependencias municipales en su concello, en las que resultó beneficiado su hermano.

Según se desprende del auto del juez instructor, Cacabelos es responsable «por acción directa u omisión» de «una articulación administrativa» que pretendía «dar cobertura legal a un contrato para la ejecución y dirección» de la obra de un edificio municipal «a favor del despacho de arquitectos del que es socio su hermano». Para ello, «se forma un paripé con invitaciones ad hoc, para evitar de esa forma la libre concurrencia y que se presentasen ofertas mejores que la previamente determinada».

Igualmente, el juez estima que Cacabelos es responsable por haber validado una certificación de obras que no se habían iniciado para que se pudiera percibir una subvención de la Xunta de Galicia por valor de 80.000 euros. El instructor afirma en el auto que se trata de una contratación pública «harto irregular», y por la que también imputa al hermano del regidor y otros dos arquitectos por los presuntos delitos de falsedad en documento público y tráfico de influencias por particulares.

Procedimiento dudoso

El caso se remonta a abril del año 2008. Para beneficiarse de unas ayudas concedidas por la Xunta para la construcción o ampliación de casas consistoriales, el Concello de O Grove encarga -sin que medie ningún expediente de contratación, documento que se autorizaría cinco meses más tarde- a una de las personas imputadas la redacción del anteproyecto básico de un edificio administrativo, que se presupuesta en 1,3 millones de euros.

Se trata de la arquitecta C. A. M., socia de Álvarez Cacabelos SL, empresa a la que pertenece el hermano del alcalde de O Grove. El secretario municipal advertiría meses más tarde de que este anteproyecto «carece del visado oficial del Colegio de Arquitectos y supone el cumplimiento de un contrato de servicios que no ha sido adjudicado definitivamente ni formalizado».

En septiembre, el Concello abre un procedimiento negociado sin publicidad para elegir a la adjudicataria del expediente de contratación. Junto a Alvarez Cacabelos SL se invita a otras tres sociedades, cuyos integrantes o administradores -destaca el juez- habían formado parte el año anterior de un despacho de arquitectos beneficiario de un concurso público en Vigo. Álvarez Cacabelos SL acabó siendo la adjudicataria.

Una de las constructoras que optó a la obra -indica el auto- llegó a poner de relieve que el proyecto básico adjudicado a dedo a Álvarez Cacabelos SL «carecía de planos técnicos de materiales e instalaciones, de memoria constructiva y de cálculo detallado, cuadros de precios de unidades de obra y mediciones por capítulos pormenorizados».

Por último, el concello validó el 1 de diciembre de 2008 una certificación de la constructora Álvarez Prol SL, adjudicataria de las obras, de que éstas se habían iniciado, para así percibir la subvención de la Xunta. Pero en abril de 2009, un notario levanta acta de que «no existen indicios de obras más que las vallas metálicas colocadas a la entrada del terreno».