Los puntos débiles de la ley de veguerías
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha asegurado hoy que el Partido Popular llevará el proyecto de ley de veguerías al Consejo de Garantías Estatutarias para que determine si vulnera la Constitución y presentará una enmienda a la totalidad en el trámite parlamentario. Si bien es cierto que la aprobación hace dos días del controvertido proyecto ha vuelto a levantar ampollas en el conflicto entre los líderes locales, al margen de la cuestión territorial sigue habiendo dos cuestiones susceptibles de discusión en el citado proyecto del tripartito: la constitucionalidad de la ley y el aumento del gasto público y burocrático.
Sobre el primer aspecto, tal y como publicaba hoy ABC , Francisco Caamaño, actual ministro de Justicia, ya publicó hace seis años un informe en el que aseguraba que la creación de vueguerías requería una reforma constitucional . El estudio, «Autonomía Local y Principio de Subsidiariedad» , firmado por el actual ministro de Justicia en 2004, advierte que la ley de veguerías requiere de una reforma constitucional que el texto de Montilla no recoge , ya que elimina las diputaciones y supone la creación de dos mapas administrativos superpuestos : provincias para la Administración del Estado (con lo que se mantiene la circunscripción electoral) y veguerías para la Administración autonómica. El aspecto burocrático es, no obstante, ligeramente más complejo. En declaraciones ayer a Onda Cero , Montilla adelantaba que el proyecto territorial no conllevaría mayor gasto de dinero ni tampoco más burocracia. "De hecho -reconocía el Presidente a Carlos Herrera- el número de funcionarios incluso se reducirá en comparación con el sistema actual". Sin embargo, la idea de Montilla de que el nuevo sistema simplificará "la organización territorial y burocrática" actual ha sido ya cuestionada por varios sectores dentro y fuera del partido.
Sánchez Camacho advertía hoy de que el proyecto no es más que "un conflicto territorial innecesario" y ha remarcado la falta de consenso que acompaña el proyecto así como el gasto público que, a su juicio, supondrá. Según la dirigente popular, la división territorial conllevará necesariamente más administraciones , más cargos directivos y más gasto, motivo por el que ha tachado la propuesta de "barbaridad".
Falta de consenso
No en vano, y aunque Montilla se empeña en defender con uñas y dientes un proyecto "necesario para Cataluña", parece claro que las aspiraciones nacionalistas se encuentran con varios frentes abiertos.
Inconstitucionalidad, gasto público y debate territorial
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