Ferrín Calamita dice que «el verdadero juez supremo le absolverá»

Fernando Ferrín Calamita, el ex juez de Familia al que el Tribunal Supremo acaba de elevar de dos a diez años la pena de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha indicado que como consecuencia de esta condena pasará «a engrosar la lista de los cuatro millones de parados que hay en España».

«Se me ha agravado la condena que me impuso el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pues el Supremo ha incrementado mi inhabilitación de dos a diez años, pero a esos diez hay que sumar otros tres años más que tarda en extinguirse la anotación en el registro de penados y rebeldes, y como tengo 52 años de edad, me pondría ya en los 65», puntualizó el ex magistrado.

«Me absolverá»

Condenado por su actuación en el expediente de adopción de una menor por una mujer lesbiana, Ferrín Calamita ha pedido al encargado de la plataforma de internet que lleva su nombre que cuelgue en la web las resoluciones prevaricadoras por las que ha sido condenado para que, de esta manera, «cualquier interesado acceda a ellas y juzgue por sí mismo».

Fernando Ferrín siempre ha argumentado que durante la tramitación del expediente de adopción sólo buscó defender los intereses de la menor, y esa es la tesis que sigue manteniendo. Hombre de profundas convicciones religiosas, asegura al respecto que tiene «la conciencia muy tranquila y duermo muy bien, que es lo más importante, y estoy seguro de que el verdadero juez supremo, ante el que todos compareceremos más pronto o más tarde, me absolverá».

Según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Ferrín Calamita retrasó de forma «injusta» la resolución del expediente de adopción, y lo hizo movido por sus propias dudas respecto a la posibilidad de que una mujer casada con otra mujer pudiera adoptar.

De ahí que el alto Tribunal apreciara una modalidad del delito de prevaricación más grave que el mero retardo malicioso visto por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Y de ahí también que inicial inhabilitación a dos años y tres meses de cárcel se elevara hasta los diez.

La sentencia del Supremo llega a recordar que el deber de un juez es mantener sus creencias y convicciones al margen del ejercicio de su función y cumplir escrupulosamente los dictados de las leyes.