Los funcionarios de la UE convocan una huelga salarial en tiempos de crisis

Los servidores públicos mejor pagados del mundo reclaman la subida del 3,7 por ciento que prevé la fórmula de actualización

10/12/2009 a las 12:52h.

Probablemente no haya un cuerpo de funcionarios más fiscalizado y transparente que el de la Unión Europea, que publica regularmente en internet hasta los más ínfimos detalles de sus condiciones de trabajo.

Sin embargo, es muy posible también que los burócratas comunitarios sean los que tienen peor reputación de todos los funcionarios de cualquier origen y condición en toda Europa. La convocatoria de una huelga para el próximo lunes para reclamar el pago de un aumento salarial ha colmado el vaso de la mala imagen de los «eurócratas». En tiempo de crisis, cuando la Comisión Europea pide a todos los países que se aprieten el cinturón, que reclamen un 3,7 por ciento de aumento para unas nóminas muy bien pagadas, ha sembrado cierto escándalo.

Con 38.000 funcionarios, las instituciones europeas hacen mucho bulto en una ciudad pequeña como Bruselas, donde los servidores de la media docena de administraciones belgas que se superponen en la capital comunitaria y que son muchos más, parecen no existir ante la imponente presencia de la legión de expertos, consejeros,y administrativos europeos cuyos sueldos duplican a los suyos.

La huelga ha sido convocada por los principales sindicatos de funcionarios europeos en el Consejo, la Unión Sindical Bruselas y Renovación y Democracia, porque los gobiernos de cinco países (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Holanda) se niegan a aceptar la propuesta de la Comisión para aplicar el aumento del 3,7 por ciento a partir de enero.

La Comisión se defiende diciendo que se han limitado «a aplicar la fórmula establecida y que prevé que a los funcionarios europeos se les aplique un aumento que se calcula de acuerdo a las variaciones de salario de los funcionarios que se hayan producido el año anterior en una serie de países que sirven de referencia». Según la portavoz comunitaria, Pia Ahrenkilde, los servicios administrativos «no pueden hacer otra cosa que aplicar el cálculo previsto en las normas» del personal, mientras que los gobiernos que protestan creen que se trata de un mal ejemplo, cuando países como Irlanda han decidido que van a bajar más del 7 por ciento el sueldo de sus funcionarios.

El factor español

España no se ha pronunciado en este caso, probablemente porque ha tenido mucho que ver con el cálculo de este aumento. En realidad la fórmula tiene en cuenta la evolución de los salarios de los funcionarios en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica, Holanda y Luxemburgo y el Gobierno español es entre todos el que más subió los salarios el año pasado, un 3,8 por ciento. A esto se suma una corrección del aumento del coste de la vida en Bruselas, todo ello según los datos de Eurostat.

«Si los trabajadores comunitarios debemos sufrir como todo el mundo por la incapacidad de los gobiernos para controlar sus equivocaciones financieras, eso no debe ir para nosotros más allá de lo que ya sufren nuestros colegas de las administraciones nacionales», dice el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical, que considera que si el Consejo se niega a aprobar el aumento «se situará al margen de la ley». Unos y otros recuerdan que en caso de que en los países de referencia no se suban los sueldos este año o se bajen, el que viene eso repercutirá en las instituciones europeas.

De modo que es muy probable que hoy mismo y mañana viernes haya funcionarios manifestándose frente al edificio del Consejo, como hacen recurrentemente desde los productores de leche alemanes a los opositores de Zimbabue, y que los jefes de Estado o de Gobierno tengan que dejar los asuntos previstos en la cumbre y se vean obligados a decidir qué hacer en este caso, sabiendo que si se niegan a aplicar una regla que ellos mismos aprobaron, los sindicatos los llevarán al Tribunal de Luxemburgo, donde tienen todas las de ganar.