La víctima del proetarra que irá al podólogo pide sensatez a los jueces

El presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, no ha sido el único en expresar su perplejidad y disgusto por el permiso que la Audiencia Nacional acaba de conceder Zigor Goikoetxea, un proetarra condenado a dos años de prisión por amenazar de muerte a la concejal popular de Guecho Marisa Arrúe, e imputado en otras causas por participar en acciones de terrorismo urbano. Goikoetxea podrá acudir al podólogo en la localidad de Biarritz, en el sur de Francia. La propia víctima, con la que ABC se ha puesto en contacto, asegura que se quedó «muy sorprendida» y que se llevó un gran «disgusto» al enterarse de la concesión del permiso por ABC.

Ante casos como éste, lo único que se le puede pedir a los jueces, afirma la edil popular, es «cordura, sentido común y normalidad». Por ello, confía en que el Tribunal -el PP, personado como acción popular, recurrirá- «recapacite». «Tengo bastante fe en la Justicia -añade-, pero no entiendo por qué a una persona que está en libertad bajo fianza se le permite salir de España para ir al podólogo».

Para Arrúe, lo del podólogo «es como de broma, como si aquí no tuviéramos. Ni que el de Biarritz fuera el mejor». Pero el verdadero problema reside en que Goikoetxea, con una larga trayectoria ligada a ETA y su entorno (su hermano dirigió el «comando Vizcaya»), se dé a la fuga y no regrese a España, donde tiene otras causas pendientes. «Lo menos que se me ocurre, es que el verdadero objeto del permiso sea ir al podólogo. No se puede descartar la idea de que aproveche para huir», sentencia Arrúe.

Solidario con Arrúe, también Mikel Buesa, hermano del socialista asesinado Fernando Buesa, estima que en estos casos los jueces «han de extremar la prudencia para evitar riesgos de fuga», por lo que ve «inadmisible» el permiso concedido al proetarra para el cuidado de sus pies.

«Supongo -dice- que habrá un hospital penitenciario con capacidad para atenderle en podología o en lo que le haga falta. Así que ni siquiera tendría por qué visitar a un especialista en Bilbao y mucho menos aún en Biarritz, fuera de España, como es el caso». Para Buesa, «quien le autoriza debería garantizar que asume la responsabilidad y que, si el etarra se escapa, él cesará y perderá su nómina». Más aún, dice, cuando llueve sobre mojado, al venir la decisión de la misma Sala de la Audiencia que permitió a la etarra Beloki salir de la cárcel para un tratamiento de fertilidad.

También el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, lamenta esta actuación judicial en un momento «en el que tanto las asociaciones como el Gobierno y la oposición estamos ofreciendo una sensación compacta, de unidad, que es la que hace daño a los terroristas». «Este tipo de beneficios -añade- no pueden tener cabida ni para ir al podólogo ni para nada; suponen un paso atrás. Si frente a la posición unida, por fin, de tanta gente, la Justicia nos sorprende con decisiones de esta naturaleza, sólo podemos sentir decepción».