Justicia creativa

TODO está torcido en el embrollo del Alakrana, como no puede ser de otro modo desde el momento en que un Gobierno accede a negociar un secuestro con unos piratas por la vía diplomática, como si se tratase de un conflicto internacional susceptible de plantear ante la ONU. Pero si faltaba algún episodio chocante en esta sucesión de anormalidades ahora hemos de asistir al esfuerzo de un Estado de Derecho por encontrarse a sí mismo las cosquillas de su ordenamiento legal a fin de complacer la exigencia de los secuestradores. Una situación de puro absurdo, una paradoja delirante, una contradicción demencial entre la letra de la ley y su espíritu ha provocado una auténtica tormenta de cerebros para hallar el modo de evitar el castigo de unos delincuentes arrestados en plena comisión de su delito. Jueces, abogados, fiscales y diplomáticos se estrujan la sesera en busca de una pirueta de ingeniería jurídica que permita al Estado salvar la cara en el poco honorable proceso de quitarse de encima a unos salteadores que lo han puesto en jaque. Toda la materia gris disponible en la cúpula de nuestro sistema judicial estudia la manera de no hacer justicia. Es decir, de cometer estrictamente una injusticia.

Este ejercicio de justicia creativa pertenece a la acreditada técnica de la improvisación que caracteriza al zapaterismo, un estilo embarullado de gobernar a base de corregir con borrones los errores de su propia precipitación. Es el principio del «como sea», tan parecido a aquel siniestro «había un problema y se solucionó»: un pragmatismo elástico y utilitarista basado en la única premisa de sacar al poder de los atolladeros en que se mete solo. Un concepto acomodaticio de la ley como instrumento de cobertura de la voluntad política, que zarandeó con irresponsabilidad el ordenamiento jurídico durante las negociaciones con ETA y que ahora pretende retorcerlo para satisfacer una extorsión criminal agravada por una incompetente gestión de la emergencia.

Y sí, la prioridad es salvar a los marineros, pero cuando eso ocurra queda un ajuste de cuentas políticas pendiente. El presidente tiene que explicar al país cuál es su doctrina ante los secuestros, cuáles son los principios en que se basa el Gobierno ante una situación de crisis con peligro de vidas humanas. Cuál es su protocolo de respuestas en según qué supuestos. Cuándo y con quién considera lícito negociar, y hasta dónde, y cuándo y con quién no. No es un debate de palabrería tautológica; es una cuestión esencial en la arquitectura moral de la democracia. Primero, las vidas, cierto; hágase lo necesario por ellas. Son el bien primordial, existe urgencia y a estas alturas tampoco queda otra cosa que rescatar. Pero después alguien tendrá que dar explicaciones de todo lo que el Estado ha perdido en este enredo de incongruencias y equivocaciones. Empezando por la dignidad.