Los obispos advierten a los políticos católicos que promover la ley del aborto es un «pecado público»

«La vida es un bien público de primer orden que obliga a todos, incluso al Estado, a protegerla». Así de contundente se manifestó hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Juan Antonio Martínez Camino, durante su intervención en la primera edición de los Desayunos Informativos CEU en la que se refirió principalmente a la actual reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno socialista.

A la espera de su aprobación en las Cortes, el prelado recordó las consecuencias que conlleva para cualquier católico la defensa del aborto. En concreto, señaló que los legisladores cristianos «no pueden aprobar ni dar su voto a favor» de esta nueva normativa, ya que al hacerlo estarán siendo «incoherentes» con el Magisterio de la Iglesia y se encontrarán «objetivamente en pecado mortal» . «Esto vale para todos, incluso por encima de lo que diga el partido», insistió. El propio presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, había asegurado semanas atrás que no habrá en la votación de esta reforma el voto de conciencia sino sólo el voto de partido.

Martínez Camino fue más allá y recordó que todos aquellos que «propaguen la ley» están «en pecado público», es decir, que «no pueden ser admitidos para recibir la sagrada comunión», mientras que «quien diga que quitar la vida a un ser humano inocente es legítimo incurre en una herejía» porque va en contra de «la fe divina y católica que es la ley máxima de la doctrina de la Iglesia». La pena más grave, la excomunión, según precisó el portavoz de los obispos, es «sólo para aquellos que participan directamente en la práctica del aborto».

Con esta renumeración, el secretario general pretendió resaltar la gravedad moral que representa para la Iglesia la nueva reforma que pretende el Gobierno. De hecho, recordó que la primera ley del aborto surgió en 1920 en la Unión Soviética de Lenin. «Es curioso -señaló- pero allí es donde el aborto empezó a tener un respaldo legal, en un Estado que se consideraba propietario de la vida». El prelado quiso también dejar claro que con esta postura, la Iglesia no persigue «en ningún momento» que las mujeres víctimas de un aborto «vayan a la cárcel». «En la Iglesia encontrarán siempre acogida para que puedan rehacer sus vidas, afirmó el portavoz».