Por amor al arte

SE está convirtiendo en uso habitual que las tramas de corrupción, en cuanto llegan a un cierto porte, adquieran obras de arte de extraordinario valor, bien para blanquear dinero procedente de comisiones o transacciones ilegales, bien para satisfacer los sorprendentes gustos artísticos de sus cabecillas, o las dos cosas al mismo tiempo. En la «operación Malaya» le fueron incautadas a Juan Antonio Roca más de cuatrocientas obras de arte, algunas firmadas por Miró, Tápies o Picasso. La compra podía responder a un insólito refinamiento de su comprador o a un puro cálculo inversor, pero la presencia de alguna de esas obras en el cuarto de baño de la mansión de Roca apunta en todo caso a capricho y mal gusto de nuevo rico. La historia se ha repetido en la «operación Pretoria» con la trama de corrupción desarticulada en Cataluña, que ha dado con varios notables de la política catalana en prisión. Quien pasa por ser su cerebro, el ex diputado socialista Luis Andrés García, más y mejor conocido como «Luigi», tenía en sus inmuebles más de doscientos cincuenta cuadros, con firmas de Miró, Bacon, Tápies, Gordillo o Mompó. También en este caso, la compra de estas obras de arte parece obedecer a una estrategia de blanqueo de capitales a través de diversos paraísos fiscales y terceros países.

Al menos, las responsabilidades puramente económicas a las que pueden ser condenados los integrantes de estas redes de corrupción tienen en esas obras de arte una cierta garantía de pago, porque pueden ser consideradas como efectos del delito y enajenadas para indemnizar los perjuicios causados al erario público. Lo más llamativo de la utilización del arte como destino del dinero ilícito de la corrupción es que abre un frente de investigación que ha estado centrado, principalmente, en el «ladrillo», opción preferente de mafiosos y corruptos para blanquear su dinero. Desde ahora, los circuitos del mercado del arte tendrán que recibir la misma atención que otros posibles cauces de blanqueo, como lo son, por ejemplo, los movimientos bancarios sospechosos. La capacidad de innovación de la delincuencia económica organizada está acreditada y el reto del Estado es anticiparse a ella. Ahora se está tramitando una nueva reforma de la ley contra el blanqueo de capitales, cuyo anteproyecto fue informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial. Es una buena ocasión para reforzar los mecanismos del Estado en la identificación de los fondos corruptos en el mercado artístico. Más de seiscientas obras, entre «Malaya» y «Pretoria», son razones suficientes para actuar en consecuencia.