Se busca sillón en la Asamblea

las cuatro de la tarde de hoy se desvelará la nueva ubicación en la Asamblea de los tres diputados madrileños imputados en la «trama Gürtel». Eso, en caso de que Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, y Benjamín Martín Vasco, que hasta el viernes pertenecían al grupo parlamentario popular, acudan al Pleno que tiene lugar los jueves en la Cámara regional.

En principio, está previsto que asistan, como diputados electos que siguen siendo, pero otra cosa es que decidan presentarse, dada la situación de indefinición formal en la que se encuentran desde el pasado viernes, momento en que presentaron su renuncia por Registro.

Su presencia en este pleno es más señalada si cabe dado que durante el mismo se va a debatir por primera vez en la legislatura la creación de la figura del «diputado no adscrito», creada ex profeso para que estos tres diputados no conformen el grupo mixto, como ocurrió en el «tamayazo» con los parlamentarios socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, y puedan beneficiarse de las distintas subvenciones que se confiere a los grupos políticos.

En cualquier caso, sitio en el hemiciclo tendrían, dado que de los 156 escaños, sólo hay 120 ocupados por los tres grupos políticos con presencia en la Cámara (PP, PSOE, IU). Según fuentes de la Asamblea, «hay espacio de sobra, y lo normal sería que se sentaran en la última fila, separados de los grupos». Tampoco ayer se sabía en qué mitad del hemiciclo iban a ubicarse, si en el lado del gobierno regional, o en el lado de la oposición.

La otra opción que se baraja es que sí acudan al edificio de Vallecas, pero sigan el pleno desde sus despachos en la Asamblea, tal y como hicieron el pasado jueves sin que ningún medio se hiciera eco de su presencia. Desde allí vieron por televisión la sesión en la que la presidenta regional Esperanza Aguirre, anunció que los tres dejaban de pertenecer al grupo parlamentario popular.

Lo que sí está claro es que, acudan este jueves o no a ocupar sus escaños, tanto Bosch, como López Viejo o Martín Vasco seguirán cobrando su sueldo, estimado en cerca de 50.000 euros brutos, salvo que la Mesa de la Asamblea haga uso del régimen sancionador o disciplinario del que dispone. A lo que si renunciaron en el escrito que presentaron el viernes es a subvenciones o ayudas económicas y uso de vehículos oficiales».