Golpe al Estado de Derecho

LA petición de archivo, aun cuando fuera provisional, presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al juez Garzón en la causa que investiga el «soplo» al presunto cabecilla de una red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa, es una agresión en toda regla a la dignidad del Estado de Derecho y a las víctimas del terrorismo. El Ministerio Fiscal fundamenta su solicitud en que no hay indicios para incriminar al responsable o responsables de esos hechos, cuya existencia no discute, cuando lo cierto es que, después de tres años de investigación, lo que sí hay es una serie de indicios suficientes para presumir que la llamada de aviso al dirigente de la red terrorista provino de funcionarios policiales relacionados con la investigación. Es más, esos indicios, según la investigación, apuntaban al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y a otros mandos policiales en el País Vasco. Por tanto, respetando la presunción de inocencia y sin anticipar acusaciones ni, menos aún, juicios de condena, al Ministerio Fiscal le sobran indicios para que se sigan investigando las responsabilidades individuales por estos gravísimos hechos.

Al no hacerlo así, la apariencia de esta nueva polémica actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es la propia de un carpetazo a lo que fue resumen de todas las indignidades del proceso de negociación política con los terroristas. No es vano recordar que, para blindar judicialmente este proceso, se tomaron decisiones que provocaron auténtico escándalo, como la retirada de acusación contra Arnaldo Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo, y otras que buscaban dar cobertura al diálogo del Gobierno con el entramado etarra, como aquel auto del juez Garzón en el que legalizó una «izquierda abertzale» de nuevo cuño, pero en la que se escondían los mismos personajes de la Batasuna ilegalizada. La confusión moral que propició aquel proceso de negociación, en el que hubo quienes no sabían diferenciar a víctimas de verdugos, llegó a su culminación con este «soplo» policial que pretendió la impunidad de los recaudadores de ETA.

Por más que el proceso de negociación esté cancelado -al menos así se desprende del cambio político en el País Vasco y de la eficaz actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la desarticulación de «comandos» etarras-, aquél «chivatazo» a una trama de ETA ha de ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Si no fueron los sospechosos identificados hasta ahora, serán otros. Pero hay que identificarlos. Si no hubo «razón de Estado» para tapar la guerra sucia de los GAL, tampoco la hay para tapar, como quiere el fiscal, esta posible connivencia de algún responsable político o policial con personas que estaban siendo investigadas por el juez Grande-Marlaska. Existiendo una indudable fuente de pruebas, como es la sucesión de llamadas a teléfonos móviles en la zona de vigilancia del Bar Faisán, centro de operaciones de la trama extorsionadora, el juez Garzón no puede racional ni procesalmente sobreseer el caso por falta de indicios incriminadores. Éstos están a la vista y, con lo que se sabe hasta el momento, permitirían o bien presentar acusaciones formales, o bien solicitar nuevas diligencias de investigación.