El Ejecutivo garantiza que hará realidad el proyecto de Tindaya «pese a sus enemigos»
En plena polémica por el conflicto judicial que afecta a las montañetas de Tebeto, en la isla de Fuerteventura, ayer se rescató de la memoria otra batalla que ya dura más de 15 años y que ha sufrido al menos ocho procesos judiciales, en el orden civil, contencioso-administrativo y penal.
Se trata del proyecto monumental ideado por el escultor vasco Eduardo Chillida en la montaña majorera de Tindaya. Un proyecto que, pese a «sus pocos pero consistentes enemigos» y trabas judiciales, el Ejecutivo canario dejó claro ayer que su intención y convicción es seguir adelante con el proyecto de Tindaya.
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Ejecutivo canario, Domingo Berriel, garantizó en comisión parlamentaria que el objetivo de la Comunidad Autónoma es seguir adelante «sin fisuras» para conseguir ejecutar el proyecto de Tindaya. «Hasta que no sea imposible, seguiremos adelante. Seguimos creyendo en este proyecto y removeremos los obstáculos que haya que remover para hacer realidad el proyecto de Tindaya con todas las armas legales», manifestó Berriel.
Además, aseguró que para el Ejecutivo canario, este proyecto está considerado de interés general primer orden «pese a que existan muchas piedras en el camino».
Esas piedras no son ni más ni menos que las diferentes batallas judiciales que todavía siguen abiertas, ya que son varias la sentencias sobre este asunto que están todavía sin resolverse.
33 millones en litigios
El proyecto de Tindaya ha sufrido al menos ocho procesos judiciales, en el orden civil, contencioso-administrativo y penal, y donde, según el PSOE, el Ejecutivo canario se ha gastado 33 millones de euros en el ámbito jurídico.
En el orden civil, existen dos procedimientos, el primero sobre el precontrato de compra-venta de acciones, que la empresa Saturno emprendió contra los administradores, pidiendo la anulación del precontrato, la devolución de pagos adelantados e indemnización. Al respecto hay una sentencia que ha sido recurrida y por eso no es firme, que dice que el precio estaba bien fijado.
El segundo procedimiento se abrió en 2001 y que solicitaba la resolución de contrato de ejecución de obra contra FCC y Necso (la UTE adjudicataria del contrato), se demandaba que se declarara extinguido y se pedía una indemnización de 2.000 millones de pesetas más otros 1.600 millones de pesetas por daños y perjuicios.
En el ámbito contencioso-administrativo hay seis recursos interpuestos, cuyos protagonistas son la Asociación Ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción, el PSOE canario y el propietario de la empresa Cabo Verde, Rafael Bittini, quién también trae en jaque a la Comunidad Autónoma por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga al Ejecutivo a pagar 101 millones de euros por el denominado «caso Tebeto».
Por último, en el ámbito penal, en 2004 se archivó la causa emprendida por Ben Magec, algo que se recurrió y la Audiencia Provincial de Las Palmas desestimó en una sentencia de 2006 el recurso presentado por los ecologistas, cerrando la vía penal.
Volviendo a la necesidad de sacar adelante este proyecto, los diputados canarios de Partido Popular y Coalición Canaria apostaron porque el Ejecutivo canario «siga adelante con este proyecto». También la familia de Chillida, según comentó Berriel, está a favor de que se haga realidad la obra del artista vasco.
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