La hora de pagar los platos rotos
DESDE que el presidente del Gobierno anunciase meses atrás que no iba a producirse un incremento de la presión fiscal, hasta ayer, cuando el Consejo de Ministros confirmó exactamente lo contrario, cada semana han ido creciendo la confusión, la desinformación, las elucubraciones, la incertidumbre y la desorientación del ciudadano respecto al alcance real de una decisión que incidirá negativamente en el bolsillo de todos. Al fin, el Ejecutivo confirmó que el IVA se verá incrementado en dos puntos a partir de julio de 2010, de modo que el tipo general pasará del 16 al 18 por ciento, y el reducido, del 7 al 8; se suprimirá la deducción general de 400 euros en el IRPF, medida de la que en su día presumió Rodríguez Zapatero como un hito en la política impositiva pese a no ser necesario y a su carácter electoralista; y se modificará -al alza, por supuesto- la tributación de las rentas de capital. La pretensión del Gobierno es incrementar la recaudación en 6.500 millones el año que viene y en 10.000 millones anuales el resto de la legislatura. Sin embargo, la lectura de estos datos sólo puede ser pesimista porque son la evidencia de que la imprevisión, la ausencia de una auténtica política de austeridad y la concepción de las cuentas públicas como un saco sin fondo han castigado el déficit hasta el extremo. De hecho, el déficit previsto para 2010 será de 57.000 millones; la deuda del Estado aumentará en más de 100.000, y España volverá a tener su deuda por encima del 60 por ciento del PIB.
Aparte de que en 2009 ya ha se ha producido una subida de los impuestos que gravan el tabaco y la gasolina, la decisión del Gobierno ni es buena para los trabajadores, como desafortunadamente argumentó la vicepresidenta Salgado, ni es buena para incentivar el consumo en una profunda recesión. La supresión de la deducción de 400 euros incidirá en el IRPF y hasta doce de los veinte millones de contribuyentes verán penalizados sus ahorros por las inversiones en rentas de capital. La demagogia empleada por el Gobierno alegando que no será la mayoritaria clase media la que pague los platos rotos de la crisis cae por su propio peso. Alegar, incluso, como hace el Gobierno que la incidencia del incremento del IVA será imperceptible porque en junio de 2010 ya habrá comenzado la recuperación es más un engaño que un simple exceso de optimismo dada la previsión del déficit. En junio de 2010, el déficit puede estar sencillamente desbocado.
Por otro lado, probablemente el Gobierno aún no ha revelado en su totalidad el misterio de su «limitada y temporal» subida de impuestos. La Ley de Presupuestos quedará condicionada por una tensa negociación y no es descartable que el catálogo de impuestos afectados se amplíe aún más en función de las exigencias de partidos que aprovechen en beneficio propio la debilidad del Gobierno y su dependencia de la «geometría variable». También es incierta la futura imposición de una ecotasa o de un mayor gravamen a las sicav. El Ejecutivo puede mantener viva su demagógica remisión al gasto social, a la adaptación a los vaivenes de la economía, a la solidaridad o a la oportunista comparación entre ricos y pobres, pero la austeridad brilla por su ausencia y es improbable una exigente reforma del mercado laboral. Subir los impuestos no es la única solución ni la idónea. Error sobre error, bandazo tras bandazo, el Gobierno avanza a trompicones hacia ninguna parte, incrementando sobre la marcha el coste de tan inútil viaje.
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