Economistas y políticos claman contra el veto autonómico en las fusiones de cajas

Que el ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y uno de los pesos pesados del Partido Popular en temas económicos, Manuel Pizarro, hayan coincidido sin tapujos en materia política podría sorprender a más de uno. Sin embargo, sólo ha hecho falta poner sobre la mesa el futuro de las cajas de ahorro para que surja un único mensaje: «hay que evitar la politización en sus órganos de gobierno y las trabas a su fusión». Un mensaje construido también por el dipudado popular Vicente Martínez Pujalte, el decano del Colegio de Economistas, Juan Iranzo, y los economistas Emilio Ontiveros, Ángel Verges, Francisco J. Valero, Ana Torme, Luis M. Linde, Julio Rodríguez López y Ángel Ubide y reflejado en el libro «Pasado, presente y futuro de las cajas de ahorros», en el que plantea un nuevo marco legal y sin tintes políticos para estas entidades. Ahí van las principales propuestas:

Comunidades sin veto . La crisis financiera ha puesto en evidencia la necesidad de reestructurar las cajas de ahorro. El modelo no debe ser una caja única por comunidad autónoma, sino que deben fomentarse las fusiones entre distintas comunidades. Para ello, hay que eliminar la autorización previa de los gobiernos autonómicos en que las cajas tienen sede social aunque se puedan buscar fórmulas que contemplen, para determinados asuntos, la existencia de una doble sede.

Rendición de cuentas real . La naturaleza de las cajas de ahorro es adecuada para el futuro y no hay razón que obligue a modificarla. Sin embargo hay que articular mecanismos que eviten la interferencia política y, a su vez, garanticen la independencia y profesionalidad de la gestión. Por ello, se debe reformar la ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) para resolver el problema de rendición de cuentas que se plantea en las cajas por no tener accionistas.

Cuotas participativas . El intenso proceso de expansión que han acometido las cajas de ahorro en los últimos años, así como la brusca irrupción de la crisis financiera han puesto los recursos propios de las entidades en el centro del huracán. Especialmente en el caso de las cajas, pues su naturaleza les impide acceder al capital propio con la misma facilidad que sus competidores. El gran instrumento debe ser las cuotas participativas y la mayor transparencia y la mejora de la gestión deben venir asociaciados a un compromiso legal con su uso. Es decir, la emisión de cuotas debe ser obligatoria hasta una proporción mínima de los recursos propios. Así, en el caso de que haya que recapitalizar algunas entidades, el Estado participaría en el capital tanto de los bancos como de las cajas.

Eliminar duplicidades . Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de la actual duplicidad en materia de supervisión. Esta tarea debe recaer inexcusablemente sobre el Banco de España y la CNMV, según proceda. Por su parte, las comunidades donde las cajas tengan presencia podrán participar en la elección de los órganos de gobierno, aunque siempre garantizando la no interferencia política.

Consejo independiente . Uno de los temas más espinosos es la elección de los altos ejecutivos de las cajas. Según la propuesta, en la elección de los órganos de gobierno se debe promover que, independientemente de que quién elija los representantes de la asamblea y del consejo de administración, éstos no respondan ante ningú gobierno ni mucho menos ante un partido político. La comisión de control, por su parte, debe ser absolutamente independiente de la presidencia y el consejo.