Economía, jaque a las profesiones

LA transposición de la directiva europea de Servicios de Mercado Interior va a provocar una serie de reformas legales en cadena para liberalizar el ejercicio de las actividades económicas. Actualmente hay dos proyectos de ley en el Congreso de los Diputados. La denominada ley «paraguas» va a implantar los principios de la directiva europea, que buscan simplificar los requisitos administrativos necesarios para prestar servicios profesionales y económicos. La segunda ley, llamada «ómnibus», contiene a su vez la reforma de 47 leyes reguladoras de diversas actividades, a las que afecta de manera directa el planteamiento liberalizador de la normativa europea.

Hasta aquí la situación parece, en principio, positiva, porque es cierto que hay un intervencionismo administrativo desmesurado, sin que se corresponda con una mayor competencia, ni más eficacia en la supervisión y sanción de las actividades económicas y profesionales. Sin embargo, las buenas intenciones del Ministerio de Economía, que está dirigiendo con mano férrea el desarrollo legislativo de la directiva, pueden toparse con complicaciones insuperables, derivadas de la propia estructura del Estado y del reparto de competencias. Por lo pronto, de las 7.000 normas que se verán afectadas por la transposición de la directiva, sólo el 15 por ciento depende del Estado. El resto deben ser revisadas por las comunidades autónomas. También hay una patente incoherencia política por parte del Gobierno en culpar de la crisis a la falta de regulación de los mercados y, al mismo tiempo, presentar unos proyectos de ley extremadamente liberalizadores.

Dentro del paquete de estas reformas legales, destaca la de los Colegios Profesionales, que agrupan a más de un millón de autónomos, de los que dependen, a su vez, cientos de miles de puestos de trabajo. De hecho, la reforma de la ley 1974 -ya modificada en 1996 y 2000, por reales decretos-leyes aprobados por el PP- es la que tiene mayor trascendencia jurídica y política. Hasta tal punto interesa al Ministerio de Economía controlar el proceso de liberalización de las profesiones colegiadas que ha asumido la supervisión directa de sus estatutos generales, que tendrán que adaptarse a la ley «ómnibus« antes del 28 de diciembre. Será Economía la que, en primer lugar, reciba de los Colegios Profesionales los proyectos de reforma estatutaria y, luego, cuando cuenten con el visto bueno del departamento de Elena Salgado, pasarán al Ministerio del que dependa cada profesión. Hasta ahora, ningún estatuto profesional había sido aprobado sin la conformidad de Economía, pero con este nuevo planteamiento, este Ministerio da un golpe de mano para poner bajo su inspección las normativas colegiales, relegando el papel de los demás departamentos ministeriales. No cabe duda de que las profesiones liberales y colegiadas deben también actualizarse y desprenderse de trabas corporativistas, en algunos casos auténticamente gremiales. Pero el riesgo que se corre con estas reformas, si se llevan a los extremos que pretende la Comisión Nacional de la Competencia, es desnaturalizar la actividad de los profesionales y equipararla a una actividad meramente empresarial, obviando sus características propias. El mercado de servicios no será más eficaz ni transparente por el hecho de desprofesionalizarlo.