Nueve de cada diez españoles rechazan subir impuestos para afrontar la crisis

El 91% de los españoles, más de nueve de cada diez, rechaza que el Gobierno suba los impuestos -como tiene planeado- para mantener la calidad de los servicios públicos y las prestaciones. Así de tajantes son las conclusiones del barómetro fiscal elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía.

Ante las dificultades económicas que atraviesa el país, se le ha preguntado a los ciudadanos sobre posibles medidas de ahorro para afrontar la crisis, relacionadas con subir o bajar impuestos y con el mantenimiento, mejora o recorte de servicios públicos y prestaciones.

Los españoles lo tienen claro. El rechazo a subir impuestos es prácticamente unánime, y también hay una oposición muy mayoritaria (superior al 80%) a bajar los tributos si eso supone recorte de servicios y prestaciones. Frente a estas posibilidades, los encuestados creen que antes de pensar en modificar la cuantía de los impuestos y las condiciones de la oferta pública de servicios y prestaciones, todavía existe algún margen de maniobra. Una campaña agresiva contra el fraude fiscal permitiría, según la opinión mayoritaria (83%) contar con recursos suficientes para mantener la cantidad y calidad de la oferta pública de servicios y prestaciones sin necesidad de subir los impuestos.

Tibieza frente al fraude

Sin embargo, pese a que la lucha contra el fraude aparece como la mejor opción para obtener recursos que permitan mantener servicios pese a la crisis, todavía hay un tercio de los españoles que justifican, de algún modo, el fraude fiscal. No obstante, entre quienes lo justifican, el barómetro observa que hay un claro predominio de posturas tibias expresadas a través de argumentos autoexculpatorios como que «existen circunstancias que obligan a defraudar para salir adelante», mientras se mantienen en proporciones muy pequeñas las posturas más radicales expresadas a través del argumento «lo normal es evadir los impuestos», señala el informe.

La opinión pública considera que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude en nuestro país. Pero también creen que hay otros dos factores decisivos en la existencia del fraude: «La falta de honradez y de conciencia cívica» y que «los actuales impuestos son excesivos».

Respecto a los colectivos que más defraudan, los datos recopilados por el Instituto de Estudios Fiscales reflejan una idea profundamente arraigada entre la ciudadanía: «La honestidad tributaria se reparte de manera desigual entre los distintos grupos de contribuyentes». Año tras año la opinión pública manifiesta su convencimiento de que existen colectivos que defraudan habitual y sistemáticamente a la Hacienda Pública. Se trata de aquellos contribuyentes cuyas actividades económicas, al no estar sometidas a retención, están menos controladas por la Administración. Por el contrario, quienes tienen controladas sus rentas mediante el sistema de retenciones, son cada vez más honestos, porque carecen de oportunidades para ocultar sus ingresos. Así se atribuye la mayor honestidad a los asalariados y quedan bajo sospecha los empresarios y las profesiones liberales.