La Policía incumplió órdenes en los traslados de «Palma Nova»

El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, admitió ayer se han incumplido sus instrucciones durante la detención de los cinco principales imputados en el «caso Palma Arena». Se dijo claramente cómo debía ser el traslado de los detenidos desde las dependencias policiales hasta el Juzgado: no debían ir esposados.

En este sentido, el delegado del Gobierno aseguró que también había dado indicaciones para que dichos imputados fueran respetados «como personas», para que se les diera «agua y ropa limpia» y que la conducción se hiciera «sin esposas». Asimismo, destacó que el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Baleares, Bartolomé Campaner, transmitió esa misma orden. A última hora de ayer, el comisario de Seguridad Ciudadana asumía «el error» y reconocía que había recibido las instrucciones del trato a los detenidos pero que «olvidó» trasmitérsolo a sus subordinados.

Previamente, la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, criticó el trato «vejatorio» y «claramente desproporcionado» recibido por los cinco detenidos y anunció que pedirá una comisión de investigación. Estaràs también afirmó que Socías le ha pedido disculpas por todo lo ocurrido; pero el delegado del Gobierno no confirmó este extremo: «No he pedido disculpas, pero no tengo ningún problema en pedirlas», señaló. Ante el revuelo provocado por este asunto, fuentes de la investigación han explicado que es habitual que los detenidos lleven puestas las esposas durante los traslados. Lo que ha causado extrañeza es la forma es que fueron engrilletados: de dos en dos y mano derecha con mano derecha.

Entran a pie

Respecto a la exposición a los medios de comunicación, explicaron que es prácticamente inevitable, pues los furgones policiales sólo pueden parar frente al edificio de los juzgados y los detenidos se ven obligados a entrar andando, a los ojos de todo el mundo.

Las mismas fuentes quisieron aclarar también el motivo por el cual se agotó el plazo máximo de detención policial (72 horas): los funcionarios se incautaron de «abundante y compleja» documentación, incluidos discos duros, que tuvieron que analizar.