Rajoy pide dimisiones por las «detenciones televisadas» de cargos del PP balear

Se esperaban con expectación las primeras palabras del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy , tras la denuncia entonada por la «número dos» de su partido, María Dolores de Cospedal, sobre la posibilidad de que altos cargos del PP hubiesen sido objeto de escuchas ilegales. El propio portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha abonado hoy más si cabe esta polémica denuncia al asegurar que obra en poder de Génova una grabación que lo demostraría ante cualquier juez. Rajoy ha visitado esta mañana el nuevo edificio del Museo Provincial de Pontevedra, donde ha convocado a los medios de comunicación para hacer sus primeras declaraciones tras la visita sobre este controvertido asunto. Pero el presidente del PP ha dirigido sus acusaciones contra el Gobierno por el «caso Palma Arena» en Baleares. Ha exigido responsabilidades «en forma de ceses» al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por las «detenciones televisadas y esposadas» de miembros del PP balear, a quienes el juez ha puesto en libertad al cabo de pocas horas, ha dicho Rajoy. El jefe de la oposición ha denunciado una vez más -y aprovechando textos históricos sobre la Inquisición que se muestran en una exposición del museo pontevedrés- la «inquisición» velada que están sufriendo cargos del partido que encabeza, y que «revelan la actual salud de nuestro Estado de Derecho y calidad de la democracia», ha dicho en clave irónica. Más serio se ha puesto Rajoy para sentenciar que «lo que ha sucedido en los últimos días en Baleares es infame, impropio de una democracia moderna», un intento de «machacar el honor y humillar públicamente» a simpatizantes del principal partido de la oposición. Por ello, ha anunciado que el PP va a pedir hoy la comparecencia urgente de Rubalcaba en el Congreso de los Diputados para que aclare este asunto, además de la de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que anunció -«en un ataque de ansiedad», según Rajoy- que la Fiscalía iba a recurrir el archivo del «caso Gürtel» en su ramificación valenciana, tras sobreseer la causa abierta contra el presidente valenciano, Francisco Camps y la del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. El Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado estas peticiones ante la Diputación Permanente de la Cámara Baja para que autorice estas comparecencias.

El anuncio de la vicepresidenta provocó que desde Marbella, donde la secretaria general del Partido Popular se encuentra disfrutando de sus vacaciones, De Cospedal arremetiese con la denuncia de que al PP le constaba que, por parte de autoridades judiciales y policiales, se estaban produciendo «escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes nacionales. Apenas unos días antes, De Cospedal protagonizaba otro vídeo pidiendo al Gobierno que se esforzara en perseguir a ETA y no tanto en destapar cualquier atisbo de corrupción en el seno del partido rival. El presidente del PP se ha limitado a contestar a una interpelación periodística que comparte todo lo desvelado por su secretaria general. El líder popular ha asegurado no temer ser objeto de escuchas, aunque ha alertado de que se trata de un hecho «contrario a la ley». «Que pinchen mi teléfono me tiene completamente sin cuidado, no tengo nada de lo que arrepentirme», ha resuelto. No obstante, ha abundado en reprobar el uso del aparato estatal para atacar a dierigentes de su partido «que tienen derechos y familia». «¿Quién le paga ahora a Camps seis meses de filtraciones? ¿Quién le resarce de esa condena? Hubiera sido menos grave una condena del tribunal por 2.500 euros», ha continuado, para concluir: «Esto es una democracia, no una broma». Acompañado por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, el presidente del PP ha emplazado al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero , a abordar en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo jueves, el «uso de la Fiscalía por parte del Gobierno» que está generando «verdadera alarma social», además de analizar la grave crisis económica por la que atraviesa el país. Rajoy ha pedido al mandatario socialista que dé «explicaciones convicentes» sobre estos acontecimientos, haciéndole «responsable» de los «ataques» sufridos por el PP . Según el presidente nacional del PP, Zapatero está «obligado» a dar esas explicaciones , aunque ha bromeado señalando que tal vez el líder del Ejecutivo no se haya enterado de nada porque está veraneando «en un palacete de Patrimonio Nacional» en Lanzarote.

Rajoy reclamará tanto a Rubalcaba, como a De la Vega y Conde-Pumpido, que e xpliquen por qué «se ha tratado de manera diferente» a los militantes del PSOE y los del PP y por qué ha habido «filtraciones» de sumarios secretos que han dado lugar a «juicios paralelos» a dirigentes de su partido mientras que luego los tribunales han archivado sus causas. El presidente del PP aprovechó así para hacer una defensa del presidente valenciano, Francisco Camps; el vicepresidente canario, José Manuel Soria y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la que ha definido como una «persona intachable».