La CIA ocultó planes al Congreso por «órdenes directas» de Dick Cheney

Dentro de la permanente polémica en torno a las tácticas antiterroristas utilizadas por la Administración Bush tras el 11-S, el último escándalo se centra en las obligaciones que tiene la Agencia Central de Inteligencia, desde su fundación en 1947, de informar sobre sus actividades al Congreso de Estados Unidos. Según el «New York Times», la CIA ocultó al Legislativo uno de sus programas especiales durante casi ocho años por «órdenes directas» del entonces vicepresidente, Dick Cheney.

Leon Panetta, el actual director de la CIA, designado por el presidente Obama, habría confirmado esos manejos en una reunión de emergencia celebrada el mes pasado con los respectivos comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Además, Panetta habría ordenado la inmediata suspensión de ese misterioso programa, cuyos detalles exactos permanecen todavía en secreto.

Un misterioso programa

Según los limitados indicios que circulan por Washington, este proyecto de la CIA no tendría que ver con todo el trasiego internacional de presuntos sospechosos de terrorismo, interrogatorios coercitivos, o con el programa de prisiones secretas autorizadas por el anterior gobierno de Estados Unidos. Tampoco formaría parte de los planes de espionaje electrónico. Se trataría más bien de un proyecto embrionario dedicado a obtener informaciones para realizar misiones secretas en el extranjero.

Miembros demócratas de la Cámara Baja expresaron ya el deseo de abrir una investigación formal sobre el programa oculto de la Agencia Central de Inteligencia, con el fin de examinar tanto su naturaleza como la decisión de ser mantenido al margen del Congreso. Según estos parlamentarios, resulta especialmente problemática la existencia de una orden específica de la Casa Blanca para mantener al Legislativo a oscuras sobre las actividades de la CIA.

Junto a todas estas consideraciones sobre el control parlamentario de los servicios de inteligencia también ha trascendido que el fiscal general, Eric Holder, se encuentra dispuesto a abrir una investigación criminal sobre las torturas practicadas por personal de la CIA a presuntos terroristas capturados tras el 11-S. Una decisión que, de materializarse, iría en contra de los deseos de la Administración Obama de pasar página, evitar conflictos paralizantes con los republicanos y concentrarse en una ambiciosa agenda legislativa.

Piensa «seguir la ley»

Se espera que el fiscal general tome una decisión formal durante las próximas semanas. Según indicó Matt Miller, portavoz oficial del Departamento de Justicia, Holder tiene intención de «seguir los hechos y la ley». En este sentido, el fiscal general ya señaló que no perseguirá a aquellos funcionarios que actuaron dentro de las directrices elaboradas por la Administración Bush, pero sin descartar enjuiciamientos para aquellos que se extralimitaron.