El Gobierno aprobó ayer el proyecto que reforma la ley de Ordenación del Comercio Minorista, que mantine la potestad de las autonomías para vetar la apertura de comercios, ya que prevé la libertad de establecimiento con ausencia de autorización salvo en casos de «interés general».

Con esta medida, el Ejecutivo pretende adaptar la normativa española a las exigencias del Mercado Interior y al Derecho Comunitario, que exige la eliminación de los obstáculos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios. Este proyecto de ley deberá pasar por el trámite parlamentario.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que con la nueva ley será «más fácil y barato» abrir un comercio minorista en España, al tiempo que señaló que la normativa garantiza el equilibrio entre los diferentes modelos comerciales y satisface «sobre todas las necesidades de los consumidores». De la Vega apuntó que las comunidades autónomas tendrán que establecer un procedimiento de autorización que integre todos los trámites necesarios cuando así lo exija específicamente un sector determinado.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio recalcó posteriormente que la normativa «respeta» las competencias de las comunidades autónomas dado que el comercio interior es competencia exclusiva de las mismas.

Régimen de autorización

Así, el proyecto de ley recoge el principio de libertad de establecimiento y elimina la obligatoriedad de la licencia comercial, aunque se podrá establecer un régimen de autorización, justificándolo debidamente de acuerdo con el principio de proporcionalidad e identificando las razones que motivan dicho establecimiento y el impacto que tendrá. También suprime la definición de gran establecimiento comercial, no hace referencia a los metros cuadrados de los distintos formatos comerciales y fija que la autorización para la apertura de un comercio sólo dependa del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico.

La norma prohíbe los criterios económicos que restringen la apertura de nuevos establecimientos en función de la oferta comercial, así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización. Según Industria, la nueva regulación incrementará la seguridad jurídica y creará empleo, ya que se inspira en el principio de libertad de empresa y toma como punto de partida la necesidad de que en el ámbito de la distribución se respete y garantice la libre competencia.

La vicepresidenta, por su parte, insiste en que la normativa cumple los objetivos que establece la directiva europea de servicios en el mercado interior, que impone la eliminación de trabas injustificadas a la libertad de establecimiento y a la prestación de servicios y aseguró que es un paso más para liberalizar este sector. La ley suprime la autorización previa en la venta automática y elimina la duración de las autorizaciones para la venta ambulante.

Las sanciones, a las CC. AA.

Expertos consultados denuncian que no se introduce una libertad total de establecimiento, ya que las comunidades podrán vetar la apertura de comercios, lo que podría provocar sanciones de Bruselas. La ley prevé que esas sanciones se trasladarán a la comunidad correspondiente.

La aprobación de este proyecto de ley se produce a pesar de las críticas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que considera que las comunidades mantienen su poder para regular el procedimiento de autorización para la instalación de establecimientos comerciales, lo que limita la competencia entre empresas y pone en riesgo el libre mercado, informa Efe.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y las patronales de distribuidores y supermercados también mostraron su rechazo a la ley, mientras que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española del pequeño y mediano Comercio (CEC) la aplaudieron.