La ley de maternidad de Valencia pretende evitar miles de abortos al año
Garantizar el derecho a la «vida en formación» desde la concepción y fomentar la natalidad para asegurar el relevo generacional. Esos son los dos ejes fundametales del programa +Vida recogidos en la ley de maternidad impulsada por la Generalitat Valenciana. La norma, pionera en España, viene a echar más leña al fuego al debate surgido tras la aprobación, por parte del Gobierno central, del proyecto de reforma de la ley del aborto, que prevé la interrupción libre del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.
Mientras para el Gobierno regional lo «progresista» es defender la vida del nonato desde el momento de la concepción, para el Ejecutivo socialista y su ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la clave de la norma estatal es el «equilibrio» entre la autonomía de las mujeres y la protección de la vida prenatal.
Del mismo modo que hiciera con el compromiso voluntario de integración para inmigrantes, el gobierno presidido por Francisco Camps sigue la estela marcada por países europeos como Finlandia o Alemania, que ya se han puesto manos a la obra para «estimular la natalidad».
De hecho, aunque la Generalitat es consciente de que las políticas demográficas surten efecto a largo plazo, los resultados positivos que se han derivado de la aplicación de las medidas de estímulo de la natalidad en ambos países hacen prever al Consell que serán unas 100.000 mujeres al año las que se potencialmente se beneficiarán de la nueva ley de maternidad. Dicho de otro modo: las medidas de protección a la madre que ofrece la nueva ley valenciana podrían evitar miles de interrupciones voluntarias del embarazo en su primer año de aplicación. En concreto, se prevé que los primeros resultados significativos se obtengan en un plazo de cuatro años.
Duplicar los nacimientos
Las cifras que maneja el Ejecutivo autonómico indican que, para llegar a mantener el relevo generacional, debería haber 81.000 nacimientos más al año en la región. Esto es, para frenar el progresivo envejecimiento de la población, el índice de nacimientos por familia debería pasar del 1,05% actual a un 2,1%, justo el doble.
En los últimos años, la llegada de más de 100.000 jóvenes inmigrantes ha logrado suavizar esa tendencia, pero no ha sido suficiente para invertirla. Tampoco lo ha sido el elevado porcentaje de madres extranjeras en la Comunidad, pues uno de cada cuatro nacimientos que se produjeron el pasado año fueron en el seno de familias extranjeras.
Ley trasversal
Hasta tal punto se ha propuesto la Generalitat invertir la tendencia demográfica que la defensa de la «vida en formación» y la protección a las madres impregnará a la actuación de todos los departamentos del Gobierno autonómico, que desarrollarán por vía reglamentaria la normativa en un plazo de nueve meses.
El «quid» de la cuestión será la consideración del feto. Mientras la ley de plazos impulsada por el Gobierno se basa en la ausencia de evidencias científicas para considerar humano a un feto de menos de catorce semanas, la ley de maternidad valenciana reconoce derechos al no nacido desde la fase embrionaria.
De ese modo, al embrión se le considera «un miembro más de la familia», lo que otorga ventajas fiscales, en la reserva de plazas escolares o en el acceso a viviendas protegidas, entre otras. También habrá ayudas para las embarazadas en riesgo de exclusión.
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