La magistrada instructora en el caso del incendio de Guadalajara, la juez de Sigüenza María del Mar Lorenzo, ha dictado una resolución en la que se ratifica en las posiciones que ya manifestó en su auto del pasado 20 de mayo: ve indicios de culpabilidad en 20 personas, entre ellas, varios técnicos y políticos de la Junta.

La juez Lorenzo rechaza así el recurso presentado por el abogado de la Junta, Esteban Mestre, así como una petición realizada el pasado viernes pasado por el Ministerio Fiscal, que había solicitado que sólo se imputara a una persona, Marcelino Herce, el excursionista encargado de prender el fuego en la barbacoa de Riba de Saelices, el 16 de julio de 2005. La decisión de la juez fue comunicada ayer, y ABC tuvo acceso a la misma a través de los abogados de la Asociación de Familiares de Víctimas, que representan a nueve de las 11 familias que perdieron a un ser querido en la tragedia.

Ahora, y dentro de este proceso que dura ya cuatro años, se abre un nuevo plazo de alegaciones, esta vez de cinco días, ante la Audiencia Provincial. Pero a la vista de las sucesivas decisiones de la Audiencia ante los distintos recursos que se han presentado en estos cuatro años de instrucción, parece improbable que este organismo vaya a modificar lo dispuesto por la magistrada instructora.

Inmune a las presiones

La ratificación del auto de imputación que ha puesto fin a la fase de instrucción supone una muestra de criterio propio de la magistrada, en medio de una enorme tormenta de presiones políticas, que tuvieron su máxima expresión el pasado jueves 18 de junio, cuando las Cortes regionales, con los únicos votos del PSOE, aprobaron una resolución que pedía que se eliminara la imputación sobre 17 personas, que se mantuviera sobre los tres excursionistas que siguen imputados, y que además se volviera a imputar a aquellos excursionistas que en su día estuvieron imputados, pero sobre los que se había levantado la acusación el pasado 20 de mayo.

Precisamente, la decisión de la juez de Sigüenza se conoció ayer, en el mismo día en el que se supo también que el fiscal del caso, Francisco Javier Sanz, había presentado un escrito solicitando el levantamiento de las imputaciones sobre 19 personas: todos los imputados, menos uno.

El escrito del fiscal fue presentado el viernes, y en él se solicita que se transforme el procedimiento abreviado que actualmente se sigue por esta causa en procedimiento de sumario ordinario. Este asunto tiene suma importancia, porque en función de la decisión final de la Audiencia, el juicio oral, o bien se celebrará en la propia Audiencia en primera instancia, y el Supremo verá los recursos; o bien habrá un juicio inicial en el Juzgado de lo Penal de Guadalajara, y los recursos se verán ante la Audiencia. Es conocido el interés de los abogados de los imputados de la Junta porque la sentencia final «salga» de Guadalajara, y se dirima en el Supremo; mientras que las familias desean que el proceso se quede en las fronteras provinciales. A pesar de que la decisión final es de la juez, y de que la Audiencia no se ha pronunciado, el escrito del fiscal sirvió ayer para desencadenar nuevas valoraciones políticas. Desde el PSOE y la Junta mostraron satisfacción; el PP se limitó, en boca de Leandro Esteban, a manifestar su «respeto» por la decisión del fiscal; y la Asociación de Familiares señaló que «no esperaba otra cosa» de la Fiscalía, después de que su representante se haya pasado cuatro años de instrucción sin pedir una sola prueba ni realizar acusación alguna, hasta el momento.